EL JUZGADO NÚMERO 2 DE LO PENAL CELEBRÓ AYER LA TERCERA SESIÓN DEL JUICIO DE LA MADRILA

Según los hosteleros las mediciones para controlar el nivel de ruido fueron erróneas

Declararon los gestores de Barroco, Sugar y Maquiavelo, imputados en el caso. Solo uno de ellos aseguró conocer que su bar acumulaba denuncias vecinales

Uno de los hosteleros durante su declaración ayer en el juzgado.
FRANCIS VILLEGAS

SIRA RUMBO caceres@extremadura.elperiodico.com CÁCERES

El juicio por los ruidos de La Madrila celebró ayer su tercera sesión con la declaración de tres de los once hosteleros imputados, que gestionaban Barroco, Sugar y Maquiavelo, todos en la plaza de Albatros. Las declaraciones se centraron en el caso concreto de cada uno de los locales sin embargo hubo un denominador común entre los tres: consideran que las mediciones que se llevaron a cabo para controlar el nivel de ruido que emitían no se realizaron de forma correcta. Según las palabras de los tres, se efectuaron en las viviendas de los vecinos denunciantes pero con todos los establecimientos abiertos con música puesta y la calle llena de personas. Esto, creen, dificulta que las mediciones sirvan para detallar qué locales eran los que emitían ruidos.

El primero en prestar declaración fue uno de los gestores de Sugar, a quien solo acusa la Fiscalía y no la acusación particular, que representa a la asociación de Cacereños contra el ruido. Explicó que cogió el bar en el año 2000 pero no logró explotarlo hasta el 2007 porque el ayuntamiento se lo cerró al considerar que no tenía licencia porque había caducado. Recurrió esta decisión y finalmente un juzgado le dio la razón. El consistorio tuvo que indemnizarle a él y a su otro socio con 360.000 euros.

Así en 2007 abrió con licencia de café bar especial, concedida por el propio consistorio. «Tuve que hacer mejoras, puse doble puerta, un limitador de sonido y encargué un certificado acústico. El ayuntamiento lo revisó todo. En mi licencia ponía que mi local estaba perfectamente insonorizado», señaló a preguntas del Ministerio Fiscal. Y aseguró que desconocía que había sido denunciado por los vecinos.

Se enteró en el año 2011 cuando le precintaron el equipo de música tras haber llevado a cabo una medición de ruidos en las viviendas de dos vecinos (a él le denunciaron el portero del edificio y otro residente del mismo). Pero, según su versión, nadie volcó los datos de su limitador para comprobar si superaba los decibelios. Tras esto pagó una multa de 12.000 euros e intentó solventar el problema, pero finalmente decidió abandonar el negocio. De hecho ya estaba cerrado cuando la Audiencia emitió el auto en el que ordenaba el cierre cautelar de los locales, en el 2012.

PERSONAS EN LA CALLE / Se refirió también a las personas que se acumulaban en la calle: «Había 5.000 o 6.000 todos los fines de semana, mi portero controlaba lo que pasaba en mi rellano pero el ruido de la calle no podemos evitarlo porque la calle es de todos».

Después le tocó el turno al gestor de la sala Barroco, que todavía continúa con su actividad. Él tampoco tuvo constancia nunca de que su local estaba siendo denunciado por los vecinos y lleva 14 años explotando el negocio. Sí tenía denuncias pero todas, asegura, por incumplimiento de horarios, sanciones que ya pagó.

Hasta el año 2009 tenía licencia de café bar especial pero con la reforma de la normativa solicitó ampliarla a café concierto. Llegó a presentar hasta cinco informes a requerimiento del ayuntamiento para lograrla. Y las obras de adaptación e insonorización le costaron cerca de 180.000 euros, sin embargo la Fiscalía considera que no llegó a entregar el certificado acústico. «Se encargaron mis técnicos. Entiendo que sí se presentó porque entonces no me habrían concedido la licencia definitiva», aclaró. Esta última se le dio en el año 2012, justo después la Audiencia ordenó su clausura.

En cuanto a la medición que se llevó a cabo por orden judicial aseguró que fue «una auténtica aberración» con «las ventanas de los pisos abiertas y 5.000 personas en la calle y con un medidor que no estaba homologado», añadió. Y aseguró haberse sentido perseguido por la Policía Local. «Estaban todos los fines de semana en mi local, en una zona donde hay 16 locales venían solo al mío», se quejó (iban para sancionarle por la hora de cierre). De hecho llegó a denunciar esta situación en el juzgado.

Hizo referencia también a los ruidos de la calle y añadió que el cierre de la plaza de Albatros al tráfico ordenado Carmen Heras lo redujo.

El último en declarar fue uno de los dos propietarios de Maquiavelo (era socio al 50% con su hermano), local que gestionaban desde 1992. Él era el único de los tres que sí conocía las denuncias de los vecinos, en concreto era consciente de dos: una hecha en 2004 y otra en 2008. «Nosotros siempre recurrimos las denuncias pero luego nunca llegaron a contestarnos, continuábamos igual porque entendíamos que no estábamos molestando», dijo. La primera denuncia se resolvió en 2010 con una sanción de 15.000 euros, cuyo requerimiento de pago aún no ha recibido, señala.

También el Defensor del Pueblo enviaba oficios por los ruidos de los vecinos, pero él tampoco fue nunca consciente, ni de que su local había sido propuesto para que le fuera retirada la denuncia. La sesión se reanudará esta mañana con la declaración de más hosteleros.

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