TERMINA LA DECLARACIÓN DE LOS TRECE ACUSADOS EN EL JUICIO DE LOS RUIDOS DE LA MADRILA

«Pusieron medidas para reducir el ruido en La Madrila Baja pero no en la Alta»

El dueño de La Cuerda dice que la zona estaba llena de gente desde mediodía. Declararon también los de Tacones y Down. Ninguno conocía que acumulaban quejas

Uno de los hosteleros acusados mientras prestaba declaración ayer en la sala del jurado de Cáceres.
FRANCIS VILLEGAS

SIRA RUMBO caceres@extremadura.elperiodico.com CÁCERES

Termina la declaración de los trece acusados en el juicio de los ruidos de La Madrila. Ayer dieron su testimonio los que gestionaban Down, La Cuerda y Tacones (fueron dos personas distintas en diferentes periodos de tiempo). Una de las cosas que se puso de manifiesto fue el control que se llevaba a cabo en la zona de La Madrila Alta. Durante las otras sesiones del juicio los acusados han hecho referencia a que se cortó el tráfico en la plaza de Albatros para reducir el ruido en este espacio; sin embargo no se hizo lo mismo en la parte Alta. «La Madrila Alta se llenaba desde mediodía, de hecho había veces que los coches no podían ni pasar por la calle. Era una zona conflictiva», recuerda el propietario de La Cuerda, Santiago C. R, quien añade que esta zona solo se cortaba en Nochebuena.

Este hostelero, como han manifestado muchos de los investigados en esta causa, aseguró ayer que desconocía que su local había recibido denuncias de los vecinos porque nunca nadie se lo comentó. Algunas de las denuncias proceden de vecinos que residen en el edificio de enfrente.

Tampoco el ayuntamiento, señaló, le dijo que en alguna ocasión los policías habían manifestado que su local emitía ruidos. «Hay informes de la policía que dicen que el volumen de la música trascendía a la calle», le informó la fiscal que lleva el caso. Él lo desconocía aunque asegura que sus puertas «normalmente» estaban cerradas y que el bar estaba insonorizado.

Por otro lado también prestó declaración ayer Eduardo S. J. R., que gestionó Down junto a otros dos socios desde 2005 hasta que la Audiencia ordenó su cierre cautelar. Heredó la licencia de discoteca, que fue concedida a este local en el año 69. Cuando cogió el establecimiento pidió licencia para llevar a cabo obras de mejora, pero el ayuntamiento las paralizó. «Fue un problema urbanístico, creían que íbamos a cambiar las barras de sitio pero lo único que íbamos a hacer era mejorar el local. Lo demostramos y nos dejaron continuar. Después el ayuntamiento dio el visto bueno y nos permitió abrir», señaló.

CERTIFICADO ACÚSTICO / Preguntado por si presentaron certificado acústico aseguró que sí lo hicieron: «Si no lo hubiéramos presentado no nos habrían dejado continuar con la actividad». De hecho -insistió- la Audiencia, para levantar la medida cautelar que ordenó el cierre, solo le exigió instalar un limitador en el equipo de música, «no nos pidieron obras de insonorización», aclaró.

Este hostelero tampoco conocía las denuncias de los vecinos como tampoco la medición que se llevó a cabo en casa de uno de ellos en 2010. Protestó en cuanto a cómo se efectuó: «Se hizo a las 3.35 horas y dice la policía que todos los demás locales estaban cerrados, es imposible», dijo. Y añadió que «si hubiese conocido el problema habría tomado medidas para solucionarlo».

Los dos últimos en declarar fueron los gestores de Tacones, primero Abel G. R. (lo gestionó entre diciembre del 2008 y agosto del 2009) y después Rubén G. M. (se lo traspasó el anterior y lo gestionó entre septiembre del 2009 y marzo del 2010). El local tenía licencia de café bar especial pero cuando ambos lo adquirieron ya acumulaba denuncias, aunque nunca nadie se lo comunicó. «¿Cómo es posible que me dieran el bar como estaba? Me dieron la licencia y yo confié que estaba todo en regla», señaló Abel G. R.

UN EXPEDIENTE / Él era el titular del mismo junto a su expareja, María Isabel Moreno Duque, actual secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo en la Junta de Extremadura (ella no está imputada en esta causa). Solo hubo un expediente que sí le llegó, le multaron con 12.000 euros por ruidos pero lo recurrió y ganó. Dice que todo esto le ha supuesto «la ruina».

Por su parte Rubén G. M. se enteró de los problemas de ruidos el día que se disponía a inaugurar el local, por mediación de unos policías. Le habían traspasado el bar con el equipo de música precintado, pero no le informaron. En 2010 el ayuntamiento le comunica oficialmente que, o solucionaba la situación, o debía cerrar. Y así lo hizo. Pidió presupuesto para insonorizar el local, pero el elevado precio, 180.000 euros, le obligó a dejar el negocio.

Outbrain