medidas para salir del estado de emergencia

Francia pone en marcha una controvertida ley antiterrorista

El Parlamento aprueba la legislación, criticada por grupos de derechos humanos . El texto incorpora al derecho común disposiciones del régimen excepcional

El presidente francés, Emmanuel Macron, visita una fábrica en Amiens, ayer.
EFE / PHILIPPE WOJAZER

EVA CANTÓN

Cuarenta y ocho horas después del ataque que costó la vida a dos jóvenes en Marsella, la Asamblea Nacional francesa ha dado luz verde en primera lectura a una nueva y controvertida ley antiterrorista. Con su aprobación, el Gobierno francés pretende salir del estado de emergencia decretado tras los atentados de noviembre del 2015 sin renunciar a determinadas prerrogativas de este régimen de excepción, prorrogado seis veces y que expira el próximo 1 de noviembre. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado el poder excesivo concedido a la Administración en detrimento del poder judicial.

El texto ha salido adelante sin problemas gracias a la mayoría parlamentaria de La República en Marcha (LREM). Han votado a favor 415 diputados y 127 lo han hecho en contra, entre ellos numerosos miembros de Los Republicanos. Los conservadores acusan al Gobierno de «bajar la guardia» renunciando al estado de emergencia sin reforzar suficientemente el arsenal legislativo de lucha contra el terrorismo.

Tampoco la ultraderecha apoya al Gobierno de Macron. «No es una gran ley de erradicación del terrorismo islamista», indicó la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen. Por razones diametralmente opuestas se han mostrado en contra los diputados de La Francia Insumisa, críticos con el recorte a las libertades que, a su juicio, conlleva la nueva ley.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, se ha defendido tanto de las acusaciones de laxismo procedentes de las filas de la derecha como del peligro liberticida esgrimido por la izquierda. «La amenaza es grave y debemos protegernos contra los terroristas de manera equilibrada, defendiendo la seguridad y la libertad. Este texto podrá proteger a los franceses», declaró.

Entre otras medidas, la nueva ley permitirá efectuar registros y arrestos domiciliarios sin que, a priori, sea necesario el aval de un juez, es decir que bastará una orden administrativa. Los arrestos domiciliarios se convierten en «medidas individuales de control administrativo y de vigilancia» dirigidas a personas sospechosas de ser una amenaza para la seguridad sin que hayan sido objeto de un procedimiento judicial. La ley autorizará a los prefectos, delegados del Gobierno, a cerrar las mezquitas donde se difundan mensajes que inciten al odio, la violencia, la discriminación o hagan apología del terrorismo.

Además, se amplía la posibilidad de realizar controles de identidad, cacheos y registros de equipajes y vehículos a todas las zonas fronterizas y a estaciones de tren y aeropuertos. Para sus detractores se atenta contra la presunción de inocencia y el respeto a la vida privada.

La ley será adoptada definitivamente a mediados de este mes de octubre, cuando la Asamblea Nacional y el Senado encuentren un compromiso sobre algunos aspectos del texto modificados por la Cámara alta. El principal escollo está en la obligación que tendrán las personas objeto de estas medidas de comunicar los datos sobre sus cuentas en internet, medida a la que los senadores se oponen frontalmente.

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