José Antonio Martín Pallín: «Ir persiguiendo papeletas ha sido infantil y grotesco»

Exfiscal y exmagistrado del Supremo

José Antonio Martín Pallín, en el salón de su casa de la plaza de Cataluña, en Madrid.
JUAN MANUEL PRATS

POR JUAN FERNÁNDEZ

Desde el balcón de la casa madrileña de José Antonio Martín Pallín, situada en la plaza de Cataluña, pueden verse las banderas españolas que en los últimos días han florecido en las fachadas de algunos edificios del barrio de Chamartín. «Son una minoría, no representan a nadie», dice con media sonrisa quitándole importancia a la respuesta que algunos madrileños han dado al 1-O desde sus ventanas. La importancia está en la pantalla de la tele que suena en su salón, a la que no quita ojo. Unidades móviles reportan el minuto a minuto de las marchas independentistas en las calles de Barcelona a 48 horas de la cita electoral. El magistrado no disimula su preocupación.

–¿Era inevitable llegar hasta aquí?

–No, no era inevitable llegar en estas condiciones de tensión. En los últimos días hemos vivido escenas que deberíamos habernos ahorrado. Me refiero a las detenciones, a los barcos cargados de agentes y a este despliegue policial que hay ahora mismo en Cataluña. Ni en la época de Franco, cuando corríamos delante de los grises, vi una ocupación igual.

–¿Ocupación?

–Para mí no tiene otra definición. El Estado ha decidido ocupar militarmente uno de sus territorios sin pensar en el efecto que esto podía tener en la sociedad catalana, que se ha sentido agraviada. Han puesto en marcha de nuevo la fábrica de hacer independentistas. Andar persiguiendo papeletas ha sido infantil y grotesco.

–¿El Gobierno tenía alguna opción distinta que impedir el referéndum ilegal?

–No me cansaré de decirlo: el referéndum convocado en Cata.luña no es ilegal. Ilegales son los actos contrarios al Derecho que recoge el Código Penal. El 1 de octubre está suspendido por el Constitucional, pero ese tribunal no se ha pronunciado todavía sobre su legalidad. De hecho, tiene cinco meses para hacerlo. El Gobierno catalán podría haber pospuesto la fecha y haber aprovechado ese tiempo para tratar de negociar, pero se ha obsesionado con votar ya, y el Gobierno central se ha obsesionado con impedirlo. Se ha perseguido el acto, no sus consecuencias, y para lograrlo han puesto a policías a buscar papeletas como si fueran terroristas o narcotraficantes. Es absurdo.

–¿Qué debería haber hecho el Gobierno?

–Tenía una opción, y era haber dejado que la gente hubiera ido a votar, como votó el 9-N, pero advirtiendo previamente que ese acto no podía tener consecuencias legales. Y habría reforzado ese mensaje con una votación en el Congreso que hubiera dejado claro que el resultado del referéndum no acarreaba ningún efecto.

–La victoria del ‘sí’ podría llevar a Puigdemont a proclamar al día siguiente la independencia de Cataluña.

–Si esa proclamación se diera, con salida al balcón como Companys en la República, para mí no tendría más consecuencias, sería una mera declamación épica. Distinto sería si empezaran a usurpar funciones que no contempla el Estatut o sustituyen el Tribunal Superior de Justicia por otro nuevo nombrado por el Govern. Entonces el Estado no tendría más remedio que intervenir e impedirlo, porque ahí sí hablamos de un delito. Al actuar ahora, se ha convertido en delito el ejercicio de votar. Hay una gran diferencia.

–El problema de fondo habría seguido, que no es otro que el famoso derecho a decidir. Según el Gobierno, la ley lo impide.

–Lo de «la ley es la ley» solo lo dicen los dictadores. Franco también tenía leyes, y Hitler, y Corea del Norte. Pero la ley solo vale si la acompañan principios democráticos. Hasta los romanos tenían la frase Summum ius summa iniuria para recordar que llevar la ley al extremo conduce a la mayor injusticia. Además, este argumento podría volverse en contra del Gobierno.

–¿A qué se refiere?

–La ley es la ley y hay que cumplirla, de acuerdo, pero también se puede cambiar, y él (el Gobierno central) la ha cambiado para afrontar este momento con ventaja. En el 2015, con mayoría absoluta, hizo una reforma ad hoc del Constitucional para dotarle de poderes sancionadores, algo insólito en los países de nuestro entorno. También elevó la pena del delito de malversación de dinero público pensando en situaciones como la que ahora afronta Artur Mas. Cuando alguien se envuelve en la ley y solo exige su aplicación, también tiene que ver esto.

–Hablando de cambios legales, usted ha propuesto, junto a un grupo de juristas, una solución inspirada en el modelo canadiense. ¿Cómo sería esa fórmula?

–Está por definir, acabamos de empezar a hablar, pero se trataría de plantear un referéndum en Cataluña con una serie de requisitos pactados que habría negociar. Sin duda, uno sería el reconocimiento de Cataluña como nación, igual que están reconocidos sus derechos lingüísticos sin que esto cause ningún problema. También se podría plantear la bilateralidad. La Constitución ya la reconoce para el País Vasco, Navarra y Canarias sin que se hunda el mundo. Pero de todo esto habrá que hablar más adelante, hoy los ánimos no acompañan.

–¿Qué cree usted que pasará el 1 de octubre?

–Que miles de ciudadanos van a intentar escenificar una votación y habrá que ver cómo lo hacen. Lo sensato es que lo hagan en los colegios, porque después de votar se irán a casa. Si no lo logran, veremos grandes concentraciones ciudadanas y no hay garantía de que alguien acabe perdiendo los nervios. Sería un escenario indeseable, desde el punto de vista personal y por la fractura que provocaría en la sociedad catalana, y que nos abocaría a unas nuevas elecciones, tanto en Cataluña como en todo el Estado.

–¿Cómo está viviendo estos días?

–Con preocupación. Para alguien que ha luchado por traer a este país un sistema democrático, es triste ver lo que está ocurriendo. Asistimos a la degeneración de la democracia española.

–¿Le gustaría que Cataluña se independizara?

–No, por razones sentimentales. Y también prácticas. Me parece una mala idea.

–¿Qué le diría a los catalanes que quieren independizarse?

–Que los sentimientos son muy lícitos y hay que respetarlos, todos los tenemos, pero no se pueden convertir en arrebatos. Hay que poner reflexión y sentido común. Les diría que se lo piensen, que la independencia de Cataluña es un pésimo negocio. Saldríamos todos perdiendo. Los españoles, pero también los catalanes.

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