Editorial

Cataluña debe volver a la senda de la legalidad

El preocupante choque de trenes entre el Estado y la Generalitat por la deriva secesionista de Cataluña evidenciado ayer estaba cantado desde que el Parlament, en un pleno infame, emprendió el rumbo definitivo de colisión al aprobar las leyes de desconexión, aberración jurídica que en la práctica abolía la Constitución y el Estatuto de Autonomía catalán. Esa fue la espoleta de una reacción en cadena diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy, resuelto a restablecer la vigencia del Estado de derecho en Cataluña impidiendo, por todos los medios legales a su alcance, la celebración del referéndum de independencia programado para el 1 de octubre. Suspendidas estas normas por el Tribunal Constitucional, se han asestado severos golpes policiales a los preparativos de la consulta y se ha requisado material propagandístico, al tiempo que el fiscal interponía querellas contra altos cargos del Gobierno catalán y abría diligencias contra todos los alcaldes comprometidos con el 1-O. Los registros de la Guardia Civil en sedes de la Generalitat y el arresto de altos cargos políticos han llevado a las entidades soberanistas a movilizar a sus fieles para tomar la calle en señal de protesta. Sin perjuicio de la eficacia para abortar el referéndum que puedan tener estas detenciones, ordenadas con arreglo a la ley por un juez, la escenificación de la operación ha sido acogida como una grave afrenta por muchos catalanes que protagonizaron airadas protestas en la calle. Además de la respuesta social, la actuación policial ha dado pie a una réplica de la Generalitat igualmente inflamada. Porque sostener, como ha hecho Carles Puigdemont, que el Estado «ha suspendido de facto el autogobierno» para imponer un «estado de excepción» constituye, más que una hipérbole, una falacia. Con o sin detenciones, la Generalitat y el Parlament mantienen intactas sus atribuciones constitucionales. Otra cuestión es que las leyes vigentes no autoricen a Cataluña a sufragar una consulta ilegal, ni a escindirse unilateralmente. Lo que no es ningún estado de excepción, sino la mera expresión del Estado de derecho, como recordó anoche Rajoy en una declaración institucional de defensa de la legalidad y de condena de la desobediencia, anunciando que mantendrá una respuesta firme, proporcionada y rigurosa ante el independentismo, y reclamando a la Generalitat que ceje en sus propósitos porque el referéndum ilegal ni se puede ni se va a celebrar.

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