Editorial

La corrupción del PP siempre vuelve

La omnipresencia en los medios de comunicación y en la actualidad política del proceso independentista catalán había desplazado del primer plano la corrupción, tema que llegó a alcanzar altas cimas en la preocupación pública, pero que fue relegado por debajo de Cataluña en la última encuesta del CIS. Sin embargo, cuando existen casos pendientes, como ocurre con los que afectan al Partido Popular, la corrupción siempre vuelve. Hoy termina la vista sobre la primera fase del caso Gürtel, en el que el PP está acusado como beneficiario a título lucrativo, así como la exministra Ana Mato, y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de decidir el procesamiento del partido como persona jurídica, caso inédito, por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas en los que supuestamente se guardaban los datos de la caja B del PP. En este asunto están procesados, además del partido, la actual tesorera y los responsables jurídico e informático. La decisión se produce pese a que Bárcenas retiró la acusación y contra el criterio de la fiscalía, en una nueva demostración de independencia del poder judicial.

El caso de la caja B del PP podrá ser reactivado porque el juez De la Mata acaba de reclamar las cintas del caso Lezo, referido a la corrupción del Canal de Isabel II de Madrid y por el que ha estado seis meses en prisión preventiva el expresidente madrileño Ignacio González. Las cintas revelan tanto las mordidas en el Gobierno de la Comunidad como la lucha por el poder en el partido, con acusaciones de González sobre el espionaje a que fue sometido en un viaje a Colombia que llegan hasta Mariano Rajoy. El siniestro cuadro de la corrupción –que no es algo del pasado, como argumenta Rajoy, sino que está muy presente– se completa con el primer juicio del caso Púnica, en el que el empresario David Marjaliza acusó ayer al exconsejero madrileño Francisco Granados de haber cobrado comisiones que él mismo le pagaba y de haberle incitado a destruir toda la documentación de sus negocios fraudulentos.

La reacción del PP ante tanta evidencia es acusar a los denunciantes que ejercen la acción popular en el caso de los ordenadores y de Gürtel de persecución política al servicio del PSOE. Es una reacción sin credibilidad, sobre todo después de que Rajoy y otros dirigentes del PP se hayan llenado la boca diciendo que en la lucha contra la corrupción siempre iban a colaborar con la justicia.

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