Editorial

Exceso de mordazas

La condena al rapero José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales por unas canciones que escribió y subió a internet con acceso gratuito ha coincidido en el tiempo con la retirada de una obra de Santiago Serra en la feria Arco en la que se trataba a Oriol Junqueras y a los ‘Jordis’ como presos políticos y ha generado una viva polémica en las redes y en los medios. Unos consideran que estas medidas son la consecuencia lógica de los «excesos» de la cultura actual, especialmente alentados por la facilidad de propagación de los contenidos a través de las redes digitales. En el frente contrario, se considera que esta acumulación de incidentes entorno a la libertad de expresión son el resultado de la política del Partido Popular y muy concretamente de la reforma del código penal que se conoció en la calle como ley mordaza que ha forzado a los jueces a ser más intransigentes ante algunas denuncias que buscan coartar la circulación de determinadas ideas.

Sin lugar a dudas, ambas posiciones tienen motivos para sustentarse. El entorno digital facilita de una parte la publicación de todo tipo de contenidos, con menos filtros y con menos control por parte de las instituciones representativas. Cualquiera puede publicar cualquier barbaridad de manera que puede propagarse con toda impunidad. Con todo, quienes advierten de estos peligros deben plantearse también si la vía judicial, incluso con penas de cárcel, y la prohibición son el camino adecuado. De entrada, en el entorno digital, las condenas provocan un efecto de reverberación de los contenidos que se consideran punibles. Y de salida porque lo único que resulta efectivo a medio plazo es la responsabilidad de quienes publican, aún cuando ahora sean particulares o minoritarios.

Quienes advierten de los peligros para la libertad de expresión también tienen razón. La censura y la condena deberían ser el último recurso, agotadas todas las formas de mediación, y la cárcel difícilmente disuadirá a nadie de sus ideas. La respuesta a la sensación de impunidad revestida de falta de respeto no puede amparar en ningún caso formas institucionalizadas de intolerancia. Ese camino empobrece a todos y ataca derechos fundamentales.

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