Editorial

La Justicia sigue avanzando ante la deriva en Cataluña

La primera fase del golpe judicial a los miembros de la Generalitat responsables de la organización del referédum ilegal del 1 de octubre terminó ayer con la puesta en libertad con cargos de los 14 detenidos. Se les investiga por malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación. La Fiscalía descartó atribuirles un delito de secesión como pretendía la Guardia Civil y también evitó la petición de prisión provisional. La salida del calabozo de los investigados, a los que el secesionismo pretende exhibir ahora como «héroes patrios», ha desactivado momentáneamente las concentraciones en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Pero es obvio que las cosas no van a acabar aquí. De entrada, el bloque secesionista de Carles Puigdemont debería moderar sus gesticulaciones. Hablar de represión para explicar la respuesta del Estado de derecho a lo que ellos mismos han llamado desobediencia resulta cuanto menos cínico. ¿Cuál debería ser si no la reacción de una autoridad vilipendiada? No hay que olvidar que algunos pasos dados y la manera cómo se han dado han sido exigidos por la CUP para que implicaran la ruptura del orden constitucional. Hacerse ahora los sorprendidos no cuela en esta burda estratagema del independentismo de hacer recaer cualquier responsabilidad en la contraparte. Nadie puede esperar que no le persigan por delinquir a sabiendas.

Mientras ayer se cerraba parcialmente este frente judicial, se abrió otro en la Audiencia Nacional que puede resultar igualmente decisivo para impedir el referéndum ilegal. La Fiscalía presentó una denuncia por sedición contra los presuntos organizadores de los altercados desatados el miércoles en Barcelona. El propósito de la denuncia no parece tanto perseguir a los manifestantes, como acorralar a los dirigentes de la ANC y Omnium, presuntos instigadores de las algaradas. La sedición es un delito mayor castigado con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes se alcen pública y tumultuariamente e impidan por la fuerza la aplicación de las leyes. Pensar en que el inicio de este procedimiento disuadirá en alguna medida a los dirigentes de estos colectivos clave para el independentismo no es descabellado. Al fin y al cabo, ha comenzado la etapa de las responsabilidades personales. Y eso son palabras mayores para los que resulten encausados, por mucho que su martirologio inflame al soberanismo. Puigdemont está a tiempo de desactivar el 1-0.

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