Editorial

Los Mossos y el 1-O

Actuar contra el 1-O «dañaría la percepción favorable de la ciudadanía soberanista» sobre los Mossos d’Esquadra. La frase se encuentra en un informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que analiza los mails enviados y recibidos desde el verano por el exjefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero. El informe, que incluye actas y dosieres internos de los Mossos, sirve a la Guardia Civil para concluir que hubo connivencia entre los Mossos y los impulsores del referéndum. Trapero deberá explicar ante la jueza por qué no informó a la justicia de que los Mossos creían necesarios 40.000 agentes para impedir el referéndum (cuando la policía catalana cuenta con 17.000 efectivos) o qué significa la «revisión» de los miles de atestados de los policías autonómicos el 1-O. Desde el mismo día del referéndum, el Ministerio del Interior puso en duda el celo con el que los Mossos efectuaron su trabajo, con la sospecha de que Trapero construyó el relato de que se intentaba impedir el 1-O cuando en realidad se colaboró para hacerlo posible. Será la jueza Lamela la que llegará a una conclusión al respecto. Se trata de un asunto de crucial importancia. Es un pilar básico del sistema democrático que la policía cumple y hace cumplir la ley, y que no elije a su antojo (o al de sus jefes, o al de sus responsables políticos) qué leyes respeta y cuáles no. La indefensión que crearía una actitud de este tipo sería inaceptable.

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