Editorial

Proporcionalidad en la Fiscalía

Las diversas instituciones del Estado están estos días claramente comprometidas en la defensa del orden constitucional que ampara los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su ideología o de sus simpatías políticas. Junto al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía General del Estado no puede hacer otra cosa que investigar cuantos delitos lleguen a su conocimiento, respetando igualmente los derechos de los investigados. Si el TC ya había ordenado apercibir a todos los alcaldes para que tuvieran conocimiento de la suspensión de la ley que ampara el referéndum del 1-O, ayer el fiscal general, José Manuel Maza, ordenó directamente que sean investigados (léase imputados) aquellos que aparecen en una lista de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), sin esperar a tener más indicios de presuntas conductas delictivas. Hablamos de 712 alcaldes, la mayoría de poblaciones pequeñas o medianas, pero también de Girona, Martorell o Manresa. Y queda por saber qué pasa con los que, sin aparecer en la lista, también han anunciado su intención de colaborar con el 1-O, como Badalona o Sabadell.

Aunque la Fiscalía del Estado tenga la obligación de perseguir los delitos y evitar su consumación, dispone de un margen de discrecionalidad y depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia. Por ello, sin perjuicio de los efectos disuasorios que obviamente se persiguen, es conveniente plantearse –y cuestionar– la oportunidad política de esta medida. Primero, por razones operativas: el interrogatorio de centenares de personas ocuparía prácticamente todos los recursos disponibles de las fiscalías provinciales, y el procedimiento difícilmente podría quedar liquidado antes del propio 1-O si, lógicamente, se quieren garantizar los derechos de los encausados. Y segundo: las acciones represivas e indiscriminadas solo servirán para crear mártires entre los dirigentes independentistas antes de tiempo, sin llegar siquiera al propio intento de celebración del referéndum, y con su consiguiente efecto movilizador. Estas dos razones no pueden distraer a la fiscalía de cumplir con sus deberes, pero debe hacerlo de la manera más diligente y eficiente que tenga a su alcance. Y el Gobierno, en lo que le corresponda, debe socorrerla en esta ardua misión.

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