Editorial

Respiro de Hacienda a los ayuntamientos

La situación en la que se encuentran los ayuntamientos, heredada de la crisis económica, es cuanto menos singular. Sometidos por el Ministerio de Hacienda a una regla de gasto que impide reinvertir el superávit en todos aquellos gastos que no sean «inversión financieramente sostenible» (por ejemplo, el gasto social), la consecuencia es que los consistorios se encuentran maniatados financieramente, castigados por haber ahorrado. Los ayuntamientos acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos años, y sin embargo no pueden reinvertir ese dinero porque Hacienda no permite hacerlo más que en aquella que no genere gastos corrientes o que sea capaz de autofinanciarse con ingresos propios en los años siguientes. En la práctica, implica un duro golpe a la autonomía municipal y una restricción del gasto en políticas sociales --vitales para combatir la desigualdad y potenciar la cohesión--, además de castigo a quien ha demostrado eficacia en la gestión.

Ayer, decenas de alcaldes y representantes municipales se reunieron para exigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impulse el prometido decreto por el cual se amplía el concepto de «inversión financieramente sostenible». Los alcaldes reclaman poder invertir con cargo al superávit del año anterior en infraestructuras educativas, culturales, deportivas y sociales. Se trataría de utilizar los superávits acumulados en el 2017 (unos 5.000 millones de euros en total) en programas de inversión y gasto a lo largo del 2018 y de los primeros meses del 2019. Las fechas no son inocentes.

En plena recta final hacia la gran cita electoral de las municipales del 2019, la relajación de las normas de gasto por parte del Ministerio de Hacienda permitirá a los alcaldes mejorar sus balances de gobierno. Que el Partido Popular atesore un gran poder municipal y que esas elecciones se antojen como un gran reto para la formación conservadora no debe perderse de vista. Aun así, la relajación de las normas de gasto será sin duda bienvenida para los ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos y, por tanto, en la vanguardia de las políticas sociales. Pero habrá que estar atentos ante las tentaciones electoralistas que puedan darse una vez se apruebe el decreto.

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