declaraciones por LAS VIVIENDAS ILEGALES NO DEMOLIDAS DE LA SIERRA DE SANTA BÁRBARA

Pizarro: «La defensa de Domínguez es la de echar la mierda a todos»

Mónica García expone en su recurso que ve ilógico no ampliar las citaciones. El alcalde no tiene miedo a ser citado porque han seguido los procedimientos

Mónica García, a su llegada a los juzgados placentinos, cuando declaró.
TONI GUDIEL
Raquel Rodríguez Muñoz

Esta señora me quiere mucho. Su defensa es la de poner el ventilador y echar la mierda a todo el mundo, pero no me sorprende porque su defensa es compararse con las legislaturas en que hemos gobernado y seguido los procedimientos, al contrario de lo que hizo ella». Así respondió ayer el alcalde, Fernando Pizarro, a la petición que hace la defensa de la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, en su recurso al auto del juez del TSJEx sobre el caso de las viviendas ilegales y no demolidas de Santa Bárbara, en el que pide, en caso de haber juicio, que se le cite para declarar como investigado.

Pizarro dijo no tener miedo a ser citado porque insistió en que «hemos seguido todos los procedimientos a través del Plan General y de otras medidas».

La defensa de Domínguez pide expresamente su declaración porque no entiende que el procedimiento no se extienda hasta la actualidad, en que las viviendas siguen en pie. En el mismo sentido se expresa la defensa de la exedil de Urbanismo Mónica García. «Esta parte no entiende el acotamiento de la investigación a los años 2006-2011, toda vez que no se conoce ninguna actuación posterior a la desobediencia a las órdenes de paralización puesta de manifiesto por la Policía Local.No tiene ninguna lógica que se tome declaración a los concejales y alcaldes que formaron parte de las corporaciones de esas fechas, y no se tome declaración también como investigados a los concejales y alcaldes que asumieron idénticas funciones y por lo tanto recibieron los expedientes en el estado en el que se encontraban desde 2011 hasta la fecha de la presentación de la denuncia por el Ministerio Fiscal».

No obstante, pide el sobreseimiento de la causa para García, y por extensión para el resto de exconcejales, basándose en la certificación del secretario municipal que señala que los ediles no eran competentes para dictar actos que afectaran a terceros. «Los concejales no pueden ser autores de un delito por haber omitido su participación en competencias que no tenían».

A su vez, el recurso expone que el auto «no concreta en nada la posible participación» de García en los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos y, en todo caso, recuerda que, de haberlos cometido, habrían prescrito.

Otro aspecto que señala es que otras administraciones «competentes para evitar la edificación» en un espacio protegido, como la Junta, el Seprona, agentes y la propia Fiscalía de Medio Ambiente nunca han denunciado la construcción ilegal.

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