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LOS ANTECEDENTES
Todos los grupos políticos reclamaron hace 16 años
el concierto económico

LA PARTICULARIDAD
Aragón tiene reconocida
la relación bilateral con
el estado y sus derechos históricos como región

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NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005

Aragón guarda el fuero en el congelador

• PSOE y PP renuncian a utilizar los mecanismos de bilateralidad que permite el Estatuto vigente

CARLES PASTOR
BARCELONA

Los aragoneses viven la paradoja de disponer de una agarradera legal para reclamar un sistema de financiación propio, negociado bilateralmente con el Estado, pero renunciar a utilizarla en la reforma del Estatuto que está en marcha. Así lo han decidido los partidos mayoritarios, PP y PSOE, para desesperación de los minoritarios, Partido Aragonés (nacionalista de centro), Chunta Aragonesista (nacionalista de izquierda) e IU.

Esa particularidad, que para sí quisiera la Generalitat catalana, nace de una propuesta de reforma estatutaria aprobada en 1994 en las Cortes de Aragón por unanimidad, es decir, con el concurso de socialistas y populares. La propuesta contenía una fórmula de concierto o convenio negociado bilateralmente con el Estado que regulara un sistema de financiación propio.

El Congreso de los Diputados rechazó tal pretensión, pero compensó a Aragón con un nuevo artículo del Estatuto, el 48, el cual, aunque de forma ambigua, prevé la existencia de un acuerdo bilateral en materia fiscal entre la comunidad y el Estado. Esta norma, combinada con otra disposición estatutaria que proclama que Aragón no renuncia a sus derechos históricos, anima al Par y al Cha a volver a poner el concierto encima de la mesa.

"Quisimos (en 1994) ser maximalistas y que fuera Madrid quien hiciera de malo de la película, pero ahora hemos retornado a la racionalidad", explica Francisco Catalá, portavoz parlamentario del PSOE, que es partidario de dejar aquellas normas estatutarias como están, como meras declaraciones de principios. Antonio Suárez, portavoz del PP, que no vivió desde las Cortes de Aragón los entresijos de lo que ocurrió en 1994, cree que los grupos nacionalistas hacen una lectura excesiva del mencionado artículo 48. Como Catalá, es partidario de someter el sistema de financiación al acuerdo multilateral que adopten en su día todas las comunidades.

Conclusiones valientes

Y eso que en una fecha no tan lejana como abril del 2003, y de nuevo por unanimidad, las Cortes aragonesas aprobaron las conclusiones de una comisión de estudios sobre la profundización del autogobierno que recogía la conveniencia de utilizar aquellas disposiciones estatutarias para obtener un sistema propio de financiación.

Catalá admite que esas conclusiones las aprobó el PSOE sabiendo que eran demasiado "valientes" para que luego se pudieran recoger en el Estatuto. Suárez hace notar que los trabajos de esa comisión de estudio no tenían consecuencias ejecutivas.

A Javier Allué (portavoz parlamentario del Par, partido que gobierna la comunidad junto al PSOE), no le escandaliza el Estatuto catalán. En su opinión, no vale la pena seguir adelante con la nueva reforma del Estatuto aragonés (la tercera) si no es para innovar, cambiar la financiación y conseguir más competencias, como pretende Catalunya. Pero lo ve difícil para Aragón por la actitud prudente del PSOE y el freno del PP. Chesús Bernal, del Cha, también reclama un Estatuto de primera, y que la pluralidad lingüística que reconoce el texto actual se desarrolle para reconocer la cooficialidad del aragonés y del catalán en los territorios bilingües, pero el PP se opone. Éste, con 22 escaños, no tiene capacidad para bloquear la reforma si los demás partidos se ponen de acuerdo, pero el PSOE no contempla prescindir de los conservadores salvo que éstos boicoteen los trabajos. Algo que aquí no hacen, aunque se han erigido en guardianes de la ortodoxia constitucional.

A finales de octubre, el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, convocó a una cumbre a los líderes de los demás partidos parlamentarios: José Ángel Biel (Par), Bizén Fuster (Cha), Adolfo Barrena (IU) y Gustavo Alcalde (PP) para dar un impulso a la embarrancada elaboración de la reforma estatutaria. Allí se acordó dejar para enero las cuestiones más conflictivas: financiación, más competencias, denominación de la comunidad (hoy el artículo 1 reconoce, aunque de forma alambicada, que Aragón es una nacionalidad histórica), y blindaje del Ebro ante las ambiciones de otras comunidades.

Primeros acuerdos

Hasta ahora hay un principio de acuerdo para las siguientes reformas: una disolución anticipada de las Cortes dará paso a una legislatura de cuatro años (ahora sólo se puede acabar el mandato, para que las elecciones se celebran coincidiendo con los comicios locales); el Tribunal Superior de Justicia será la última instancia en casación para el Derecho foral aragonés (un precepto que literalmente se perdió en una reforma anterior); se recogerá la competencia para crear una política autonómica y la división comarcal de la comunidad.