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LA GUERRA DEL PSOE
Los socialistas amenazan con boicotear la reforma del estatuto balear si el PP cambia la ley electoral

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NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005

Freno a la reforma balear

• El presidente Matas paraliza los trabajos estatutarios en espera de la financiación que se pacte con Catalunya
• Hace 15 años el Partido Popular pidió el concierto

CARLES PASTOR
BARCELONA

El presidente de Baleares, Jaume Matas (PP), no se anduvo con ambigüedades a la hora de ajustarse a la estrategia de su partido en el debate territorial. Hace cuatro semanas forzó la suspensión de los trabajos de la ponencia parlamentaria encargada de elaborar la reforma de su Estatuto hasta que se aclare qué financiación aceptará el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para Catalunya.

Rosa Estarás, vicepresidenta del Gobierno balear, argumenta que han hecho caso de la petición del presidente Zapatero y del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de que no incluyesen la financiación en el Estatuto porque eso de negociaría de forma multilateral entre las comunidades. "Estamos dispuestos a respetar las reglas del juego, pero siempre que sean iguales para todos: o hablamos todos o no habla nadie. Hasta que no sepamos en qué queda en financiación el Estatuto catalán no sabremos si hemos de incluir este asunto en el nuestro o no".

Arrinconado en un cajón ha quedado un proyecto de financiación del consejero de Economía, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor, que tenía algunas similitudes con el modelo del Estatuto catalán, y mucho más olvidada está una propuesta de reforma de los primeros años 90, votada por el PP y por el Partit Socialista de Mallorca (izquierda nacionalista), que propugnaba un concierto económico (es decir, bilateral) para Baleares, pero que fue tumbado en las Cortes. Entonces mandaba Gabriel Cañellas, también del PP, al que Matas ha hecho bueno a ojos de la oposición.

El concierto

El concierto sólo lo reclaman hoy el PSM y Unió Mallorquina (nacionalista de centro), que acusan a Matas de supeditarse a la estrategia de la dirección de su partido. Esquerra Unida-Els Verds está por el concierto como filosofía, pero aceptaría un modelo como el dibujado en el nuevo Estatuto catalán, explica su diputado Eduard Riudavets.

El PSOE no cuestiona que la reforma estatutaria espere a que se aclare el sistema de financiación. Su guerra es otra: había amenazado con abandonar la ponencia parlamentaria porque el PP no le daba garantías suficientes de que no modificará en el futuro la ley electoral de la comunidad a su conveniencia.

Existe un acuerdo para que la isla de Formentera cree su propio consejo insular (hoy pertenece al de Eivissa), y el PSOE teme que ello sea aprovechado para modificar el delicado equilibrio entre el poder político de las islas alcanzado en 1983, cuando se pactó que Mallorca elegiría 33 diputados autonómicos; Menorca, 13, y Eivissa-Formentera, otros 13. La independencia de Formentera, a la que le corresponderá elegir uno de esos 13 diputados, puede comportar que a Eivissa se la compense con un escaño más, lo cual resultaría inaceptable para el resto de partidos y para los habitantes de Menorca y Mallorca, advierte Miquel Nadal, de UM. Un escaño más podría garantizar al PP la mayoría absoluta por años.

Joana Barceló (PSOE), presidenta del Consell de Menorca, es rotunda: "Romper el equilibrio entre islas es romper la comunidad autónoma. Ese equilibrio es intocable". Los socialistas tampoco aceptan tramitar el Estatut mientras Matas no garantice que no seguirá vaciando de contenido las competencias transferidas a los consejos insulares.

Objetivos modestos

Un comité de sabios asesoraba a la ponencia parlamentaria. Las ambiciones de los partidos mayoritarios son modestas. Ni blindaje de competencias ni carta de derechos ni poder judicial ni reclamación de competencias exclusivas del Estado. Hay un principio de acuerdo para denominar a las Baleares nacionalidad histórica, abrir la puerta a una policía propia, permitir la disolución anticipada del Parlamento, separar las elecciones a diputados autonómicos de las de consejeros insulares (hoy se votan conjuntamente), obtener la cogestión en los puertos y aeropuertos de interés general, y competencias en pesca marítima y aguas interiores así como en autorizaciones y concesiones para la ocupación de la costa. La reforma del Estatut requiere mayoría absoluta (el PP la tiene), pero se introducirá una mayoría cualificada para el futuro.

La decisión del PP de nombrar las modalidades insulares del catalán (mallorquín, menorquín, etcétera) es vista con recelo por la oposición, que ve en ello un intento de secesionismo lingüístico o el fomento electoralista de los particularismos locales.