En estos días de principios de año, marcados ya por los asuntos políticos de una precampaña que arrastramos desde el 11 M, se habla poco de la crisis económica. ¿Crisis? ¿Qué crisis?, se preguntarán algunos; la minoría, desgraciadamente.

Porque la mayoría de los españolitos de a pie, y especialmente los asalariados públicos,  estamos sufriendo la peor situación económica desde hace años. Y ello es así, fundamentalmente por dos factores que han coincidido en el tiempo. Por una parte la subida de los tipos de interés del EURIBOR, que como todos los que tenemos hipoteca, sabemos de sobra que se refleja mensualmente en las cuotas que abonamos a la entidad bancaria que nos prestó las perras. Se estima, que en los últimos cuatro años el recibo mensual de la hipoteca se ha incrementado, de media,  en unos 200 euros. Y por otra está la incomprensible subida de los precios (el conocido y temido IPC) de la mayoría de los bienes que una familia debe adquirir para subsistir. Incomprensible en estos momentos porque desde la entrada del euro, que todos aprovecharon para llevar a cabo un incremento descontrolado de precios, no se había producido una situación de subidas generalizadas como el actual. Y esta inflación es el peor de los impuestos posibles, el más injusto porque se ceba indiscriminadamente con todos los estratos sociales y, sobre todo, porque nadie adopta medidas para que los empleados públicos dejen de perder poder adquisitivo. Y me centro en los funcionarios, porque es el tema que conozco y porque creo que en la empresa privada, los convenios suelen contemplar la cláusula de revisión salarial o compensación por los desfases del IPC previsto con el real, al igual que ocurre con las clases pasivas. Y teniendo en cuenta que el IPC anual ha sido del 4.2%, mientras que el incremento de las retribuciones se ha fijado por Ley de Presupuestos en el 2% más una paga adicional que no llega realmente al 1%, ni supone los dos tercios del complemento específico, como se había pactado con los representantes sindicales, resulta que los asalariados de las entidades públicas somos cada año más pobres. O dicho de una forma más liberal, cada vez nuestro bolsillo está más vacio, lo cual repercute negativamente en el consumo, con las consecuencias generalizadas que de ello se derivan.

Por estas razones veo estéril el debate generado entorno a la situación macroeconómica general, donde se lanzan toda sarta de datos y números que casi nadie entiende. Lo que sí percibe claramente la ciudadanía es que lo que le queda al final de mes, si es que queda algo, se ha visto reducido de forma considerable en los últimos tiempos. Y si ese es un españolito con hipoteca y además funcionario, pues apaga y vámonos. Aún así, muchos seguirán pensando los mismo: “en el sueldo los engañarán, pero en el trabajo, no”.