n 1888, Pablo Iglesias junto a un reducido

grupo de representantes de las sociedades obreras tomaron la iniciativa de constituir la UGT, un sindicato que inicialmente agrupó y extendió los núcleos organizativos de las personas trabajadoras con una orientación revolucionaria desde la perspectiva de la lucha de clases. Esta posición transformadora resultó decisiva para el progreso de nuestro país, ya que supuso un ariete insustituible para remover las viejas estructuras socioeconómicas que eran tan injustas como arcaicas.

UGT tuvo participación en las enconadas movilizaciones políticas y sindicales con el propósito común de la emancipación de los trabajadores y trabajadoras, logrando con esa lucha social abrir paso a la libertad, la democracia y las primeras grandes reformas sociales del siglo XX. Por estos principios, la UGT ha estado históricamente ligada a la defensa de los derechos sociales de los más desfavorecidos. Durante el siglo pasado se han sucedido logros y conquistas sociales, fruto del trabajo de generaciones de hombres y mujeres que han ido consolidando con el paso del tiempo. Comenzamos con la reivindicación de la jornada de 8 horas, que fue la bandera más importante en el inicio del sindicato. El derecho al trabajo y la dignificación del empleo ha sido siempre uno de los elementos primordiales dentro de la acción sindical.

Estos derechos se fueron ampliando, y junto a la reivindicación de un empleo y un salario justo, se unieron los derechos a la protección social (seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etcétera), la libertad sindical, la prevención de riesgos laborales, los salarios mínimos, las prestaciones sociales que obligan no sólo a mantenerlas, sino a seguir trabajando para ampliar derechos y conquistas sociales con las que seguir mejorando la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país, y el derecho a una vivienda, que configuraron lo que se llamó posteriormente ESTADO SOCIAL. La laboral de 8 horas, que sucedió el 1 de mayo de 1886 en Chicago, fue el detonante. Miles de trabajadores salieron a la calle. El resultado: varios muertos y numerosas detenciones. Tres años después, en 1889, el Congreso de la II Internacional aprobaba en París, el 1 de mayo, como Jornada de reivindicación internacional. Justo un año antes, en 1888, se constituía nuestro sindicato. En 1890, se celebró por primera vez en España y en otros países el Primero de Mayo. Desde entonces, el camino no ha sido fácil, como relata nuestra propia historia. Pero, como el agua, la reivindicación sindical sigue su curso sorteando los obstáculos y las barreras que algunos se empeñan en construir, una y otra vez.

El Derecho a un empleo y salario justo. La política de reducción de la jornada laboral (no sólo la que nominalmente fija la norma sino también la que realmente hacen los trabajadores y trabajadoras) sigue teniendo en nuestra actual situación (que supera al promedio europeo) toda su vigencia y, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de coadyuvar al reparto del trabajo en una situación de desempleo masivo.

Por eso, la acción sindical debe dirigirse hacia la consecución de esfuerzos adicionales en la vía del aumento del empleo como consecuencia de la reducción de la jornada laboral. Porque mientras la cantidad de trabajo viene determinada por las condiciones tecnológicas y económicas de producción en cada momento, el empleo, en cambio, es el resultado de la manera en la que socialmente se organiza el trabajo.

No se debe confundir el reparto del trabajo y el reparto del empleo. Cuando el reparto del trabajo adopta la modalidad de reparto del empleo a través de reducciones proporcionales de la jornada de trabajo y los salarios, lo que se está proponiendo es una mera distribución de la renta entre los asalariados, la «solidaridad intraclase». Seguiremos avanzando en el proceso de reducción de jornada a partir de las 35 horas semanales en el sentido de que dicha reducción sea universal, para lo que es necesario un soporte legislativo.

El Derecho a la protección social (seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etcétera) tiene una vinculación íntima con los derechos al trabajo; no se puede concebir que se reivindiquen derechos laborales y no los de protección social. Ya desde su nacimiento, UGT fue beligerante en la defensa de estos derechos. Pero no fue hasta la constitución de 1978 cuando se constituyó como un elemento importante de nuestra reivindicación sindical. Ciertos cambios sociales (lamentablemente generadores de desigualdad y marginación), las nuevas pautas familiares y las nuevas formas de convivencia (pérdida de su valor nuclear, acentuando la individualidad) replantean los mecanismos de protección para dirigirlos directamente a todas las personas, básicamente inactivas o desempleadas, estableciendo derechos propios de protección social.

UGT reitera su compromiso de lucha contra las pretensiones de establecer un Estado de mínimos que acentuaría aún más la dualización social. La promoción de auténticas políticas de protección social que garanticen la dignidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas viene siendo una de las demandas generales de la actuación sindical en servicios sociales. Uno de los factores imprescindibles es la creación de un mercado de trabajo accesible y estable que garantice la ocupación laboral y la integración social.

La acción protectora del Estado, relativa a la vejez, enfermedad, invalidez, protección familiar o desempleo, debe complementarse con el desarrollo por parte de todas las administraciones públicas de los servicios sociales, que deben ser reforzados dotándolos de recursos suficientes y eficientes con el fin de intervenir ante situaciones carenciales, así como realizar el trabajo preventivo que desde los servicios sociales se puede y debe organizar.

Históricamente, el derecho a la vivienda ha sido el tercer eje fundamental del estado social que cerraría el círculo de la calidad de vida de los trabajadores. La política de vivienda requiere una reorientación para hacer efectivo un derecho tan elemental vinculado al bienestar social, sobre la base del fomento público de promociones y las políticas de protección que hagan efectivo el derecho a la vivienda.

En definitiva, un siglo lleno de conquistas y logros por los que aún tenemos que seguir peleando, porque el estado de bienestar empieza a tambalearse.

La lucha por unas pensiones dignas, el sistema de protección para aquellos que están en riesgo de pobreza, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el desempleo juvenil y el empleo precario que se está creando, nos hace seguir en la lucha para no perder aquello por lo que tanto luchamos. k

E