La subdelegada del Gobierno, Pilar Nogales, y el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, anunciaron ayer que ya está operativo un plan de vigilancia y control en el campo para tratar de reducir la cifra de robos de uva y aceitunas que se producen en toda la comarca en tiempos de vendimia. Este tema centró la junta de seguridad extraordinaria celebrada en el consistorio a la que acudieron los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, la Delegación del Gobierno y distintas organizaciones agrarias.

Lobato aprovechó la ocasión para pedirle a la Junta que agilice el proyecto de decreto puesto en marcha para evitar robos en el campo y que, en palabras del edil, «serviría para que una actividad lícita como el rebusco deje de convertirse en otra ilícita como son los robos». A este decreto se han presentado alegaciones en su periodo de exposición y de momento se encuentra en punto muerto. Lobato insiste en la necesidad de darle urgencia, ya que según les ha trasladado la Guardia Civil han comenzado a producirse los primeros robos. Sin ir más lejos, ayer se incautaron 500 kilos de aceitunas en una operación en Almendralejo.

Mientras el decreto ve la luz, se ha establecido un plan de vigilancia y control que está coordinado por los cuerpos de seguridad. Por un lado seguirán operando los equipos llamados Roca (Robos en el Campo), pertenecientes a la Guardia Civil. Son agentes especializados en la materia y que cuentan con un contacto directo y cercano con los agricultores.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha gestionado la presencia de un escuadrón de caballería de Madrid con cinco agentes, tal y como ya sucedió el año pasado. Estarán operativos desde el 15 de octubre. Se sigue negociando la posibilidad de más apoyo externo.

Policía local/ Por parte del consistorio se anuncia la presencia constante de agentes de la policía local y la guardería rural con turnos en horarios con menos presencia de agricultores en fincas. Se establecerán puntos de vigilancia en los accesos a caminos y carreteras que van al campo.

Lobato advierte de que los robos constituyen una enorme preocupación. «Es un problema localizado. El control hay que hacerlo en los puntos donde se recoge el producto, pero para ello es necesario una legislación que permita actuar a la Guardia Civil», es decir, que se puedan solicitar autorizaciones de rebusco. En ese proyecto de decreto se refleja la obligación de que los transportes agrícolas que excedan de 25 kilos lleven documentación para acreditar la tierra de la que proviene la mercancía o quién es el propietario, entre otros asuntos.