El pleno de la corporación municipal, con los votos a favor del grupo popular y votos en contra del grupo socialista, ha desestimado en sesión plenaria las distintas alegaciones que se habían presentado contra la subida de la tarifa del agua, por lo que se ha procedido a la aprobación de estas cuatro ordenanzas fiscales que obedecen a los servicios de alcantarillado, suministro de agua potable, limpieza de acometidas y depuración, y que suponen un incremento del 11% en la tasa global. El pleno dejó tras de sí un intenso debate político en el que los populares defendían la necesidad de hacer cumplir un pliego de condiciones para normalizar el contrato del agua, mientras que desde el PSOE argumentan que la actualización de la tarifa no se ha realizado de manera correcta. Sus alegaciones han sido derribadas junto a las presentadas por Unión de Consumidores de Extremadura y Facua.

Según ha explicado el portavoz de los populares, Luis Alfonso Merino, el informe de los técnicos responsables en la materia, es decir, el del interventor de fondos y el jefe de oficina de control presupuestario, ha propuesto al equipo de gobierno que se desestimen las alegaciones al no llevar razón en sus argumentos. Unión de Consumidores de Extremadura solo hizo dos alegaciones en referencia a las tasas de suministro de agua y depuración de aguas residuales. La asociación de Facua-Extremadura presentó un dossier con varios puntos. Su responsable en la región, en un hecho sin precedentes en los últimos años, tuvo la oportunidad de dar sus explicaciones en la sesión, tras una petición previa y tras ampararse en el reglamento. José Manuel Núñez cree que la actualización de la tarifa del agua no procede, entre otros motivos, porque las tasas han sido modificadas en un solo texto y no en un expediente por cada tasa aparejado de su pertinente informe económico-financiero. Dice Núñez que «si no se desglosa por cada servicio los ingresos y gastos de cada tasa, no se está justificando la subida». También cree que el IPC está mal calculado y que los tiempos y plazos de exposición del texto no han cumplido la normativa. Por todo ello pidió la nulidad del acuerdo que actualiza la tarifa. Merino explicó que el informe de los técnicos considera que las alegaciones no procedían.

La versión del psoe / La otra parte que ha presentado alegaciones ha sido el grupo municipal socialista, con un dossier de diez puntos. Los socialistas consideran que falta documentación, que hay error de cálculo en el IPC, que faltan informes de la comisión de seguimiento y control del servicio y diversas incorrecciones más, entre otros asuntos.

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha criticado al equipo de gobierno que no revisara antes la tarifa del agua al contabilizar hasta cuatro peticiones de la empresa Socamex para hacerlo con antelación. También considera que el canon que regula el documento de esta actualización supone el doble que lo que debería pagarse a la empresa, justificando esta afirmación en un informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana que obra en poder de los socialistas.

El PSOE local ha anunciado que irá al tribunal de lo contencioso-administrativo para interponer una demanda contra esta cuestión, mientras que el Luis Alfonso Merino, del grupo popular, les ha invitado a que lo hagan, «pero que si la interponen, sigan adelante hasta el final y no hagan como cuando se subió la tarifa en 2011», recordando aquel episodio donde los socialistas amenazaron con un pleito del que finalmente se retiraron. Merino también les ha recordado que en 2008 fue el PSOE local el que subió el agua.