La Unión Extremadura y Apag Extremadura Asaja están denunciando que existen varias bodegas de la comarca de Tierra de Barros que han empezado a recoger uva sin la formalización de contratos, algo que supondría el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria (Ley 12/2013 de 2 de agosto) que sirve para mejorar el funcionamiento de este proceso.
La Unión Extremadura recuerda que dicha ley establece «la obligación de firmar un contrato de compraventa antes del inicio de la recogida de la uva, en el que se recoja tanto el precio del producto como la fórmula y calendario de pago». Según esta organización agraria, «hay bodegas que están recepcionando la uva y dicen esperar a conocer la tablilla de precios en Castilla-La Mancha para posteriormente ponerla en las bodegas extremeñas». Es tradición por parte de los agricultores seguir los precios que imponen en Castilla-La Mancha, aunque la vendimia en Extremadura ya ha comenzado.
La campaña está en su fase de recogida de las variedades tintas. Según La Unión Extremadura, «las perspectivas de precios son halagüeñas», ya que a la escasa cantidad de uva en Extremadura y Castilla-La Mancha, se suman los bajos rendimientos de regiones del norte de España, así como los problemas sucedidos en plantaciones de Italia y Francia afectadas por las heladas de la primavera. Desde este colectivo instan a que los viticultores no entreguen «ni un solo kilogramo de uva si previamente no se especifica el precio en el contrato e instamos a dichos agricultores a que informen a la Unión en el caso de que la bodega o el puesto de recogida no quieran suscribir dichos contratos», remarcan.
Eliminar la ley / Más contundente se expresó la organización Apag Extremadura Asaja, que a través de su presidente, Juan Metidieri, aboga por derogar la Ley de la Cadena Alimentaria si ésta no se cumple. Metidieri lamenta que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio muestren pasividad a la hora de vigilar el cumplimiento de la norma. Alertó además de que a estas alturas siguen sin establecerse precios, «lo que genera incertidumbre e indefensión para los agricultores».
