Con los votos a favor del grupo popular y en contra del grupo socialista, el pleno de la corporación acordó aprobar un nuevo plan económico financiero que busca equilibrar las cuentas municipales, después de que el cierre del presupuesto municipal del ejercicio 2016 haya arrojado unas cifras que obligan a corregir dos desviaciones sobre los parámetros de inestabilidad presupuestaria y déficit en remanente líquido de tesorería para gastos generales.

El nuevo plan económico financiero aprobado debe corregir estos dos desequilibrios para antes del 31 de diciembre de 2018, según explica el concejal de asuntos económicos, Francisco Lallave. La inestabilidad presupuestaria está cifrada en 1.187.915 euros, mientras que el remanente líquido de tesorería aparece en negativo con -3.075.102 euros. Lallave ha argumentado que estas cifras se deben a las cargas económicas que han tenido que ir soportando. Destaca en torno a 600.000 euros en intereses de demora, unos 450.000 euros por cargos del servicio de aguas, otros 650.000 euros en concepto de las expropiaciones, la devolución de parte de las subvenciones Reiundus del año 2010 cifrada en unos 350.000 euros, además de una deuda que la Junta de Extremadura mantiene pendiente con el ayuntamiento, en concepto de IBI, y que el consistorio tiene fijada en unos 570.000 euros, aproximadamente.

A todo ello, Lallave añade que el ayuntamiento ha recibido en 2016 un menor apoyo económico de la Junta en materia de inversiones, algo que se ha cuantificado en -560.000 euros, aproximadamente. Indica que los planes de empleo social también han provocado un aumento del número de personal contratado que se cifra en unos 250.000 euros, mientras que hay un incremento del saldo deudoso de cobro con respecto a 2015 que se cifra en unos 687.000 euros. Lallave apunta que, en la actualidad, el ayuntamiento tiene un saldo deudoso cobro de 3,8 millones de euros, es decir, dinero que le deben «y esto está afectando nuestra capacidad financiera».

Medidas / Para poder corregir estos desequilibrios en la cuenta municipal, el plan establece un bloque de cinco medidas. Por una parte, el aumento de ingresos corrientes vía cumplimiento. Lallave dice que «no puede ser que unos ciudadanos paguen IBI y otros no. O que paguen basura y otros no». Esto se cifra en 1,8 millones de euros recuperados.

Otra medida es la disminución de gastos corrientes, cifrado en 1,3 millones de ahorro. Otra es la disminución de gastos financieros, fijado en 1,1 millones de ahorro. También prevé una disminución de las transferencias corrientes y bajada de los gastos en inversiones realizadas por el consistorio.

psoe / Desde la bancada socialista critican que el ayuntamiento siga aprobando planes económicos «que se van incumpliendo continuamente», apunta Piedad Álvarez. «Siete años sin presupuesto tienen la culpa. Trabajar con un escenario así conlleva el riesgo de dejar agujeros y eso es lo que pasa con hacer inversiones con dinero que no existe», dijo.