El pleno de junio tuvo un único punto, para aprobar un convenio a fin de dar cumplimiento a una sentencia de 2015 que obliga al ayuntamiento a abonar 735.000 euros por una expropiación forzosa que corresponde al período de gobierno socialista.

Este convenio, según el primer teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, tiene varias peculiaridades. En principio se pagará en las anualidades de 2017 a 2020. De esta forma, los intereses de demora sumados mientras se producía el litigio se paralizaron en la fecha de firma, el 31 de mayo.

Lo firmado por ayuntamiento y la empresa Loanjo, SL, receptora del pago, incluye una superficie de 1.800 metros cuadrados que no estaban en la expropiación, pero que se pidió que se incluyera, porque quedaba inservible al ser expropiados el resto de metros, lo que hace que a la cuantía de la sentencia se le sumen 100.000 euros, haciendo que la cifra final del convenio ascienda a 835.000 euros. Esta parte del pago se haría en el año 2021.

El convenio, dado que estará recogido en varios presupuestos, debía ser ratificado por el pleno tras firmarlo el alcalde, a lo que se ha procedido con el voto positivo del PP y en contra del PSOE.

Esta sentencia regula una expropiación forzosa a la que obliga el Plan General de Ordenación Urbana de 1996.