El ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Supremo la sanción de 150.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional por hacer vertidos contaminantes al arroyo Harnina en el 2006.

En octubre de ese año, la Plataforma contra la Contaminación denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que habían arrojado desechos de empresas, considerados por ellos ilegales, al arroyo. Tras hacer mediciones el 30 de noviembre de ese año y el 4 de enero del 2007, la confederación comprobó que las muestras recogidas, que procedían de las aceituneras, superaban los límites permitidos.

Tras constatar este hecho, la confederación propuso, al Ministerio de Medio Ambiente, que se impusiese una multa por sanción "grave". El resultado fueron 240.000 euros, multa contra la que el consistorio alegó.

Al no contestar el ministerio, la sanción fue firme y el consistorio la recurrió ante la Audiencia Nacional, que ahora ha ratificado la de Medio Ambiente pero ha reducido la cuantía a pagar en 150.000 euros. El alcalde José María Ramírez anunció ayer que ya han recurrido también la de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo "alegando los mismos argumentos que en la otra demanda". El consistorio se basa en que los vertidos no se hicieron de forma continuada durante todo ese mes, "como indicó la confederación" argumentándolo en mediciones de otro organismo durante esa fecha, en los que se reflejan "que los niveles del agua no pasan los permitidos". Así Ramírez consideró "que la Audiencia no ha interpretado bien los datos" y pedirán que se anule la sanción.

El alcalde volvió a reconocer que estos vertidos se realizaron por "el mal funcionamiento de la depuradora", ahora en reforma. Para que no se vuelvan a producir más, la asociación que engloba a las aceituneras de aderezo, Adiada, invertirá un millón en construir una balsa para tratar la salmuera de las aceitunas, "que es lo que provoca la contaminación", aseguran.