CCOO de Extremadura exigió ayer al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura que garanticen la viabilidad de Aprosuba 2, después de llevar más de 40 años prestando servicio a la comarca. En una nota, el sindicato dice que los 200 usuarios ven "peligrar" su derecho constitucional a ser atendidos debidamente y los más de 50 trabajadores temen perder sus puestos de trabajo.
También considera que las instituciones públicas "deben ser, en último término, las garantes de este derecho constitucional más allá de la gestión que realicen las asociaciones privadas a las que las administraciones ceden esa obligación". Por último, anuncia que vigilarán para que se cumplan los derechos de los trabajadores.
