Durante los últimos días, Almendralejo y por extensión Extremadura ha asistido a una serie de confrontaciones, de cruce de declaraciones y de controversias políticas entre los principales partidos con representación en la corporación. En el centro del debate está el expediente de contratación del servicio de alumbrado público y eficiencia energética, un concurso aprobado en el pleno el pasado mes de junio y que la Audiencia Nacional ha paralizado esta semana. El motivo reside en Cofely, una de las empresas ofertantes y que se encuentra implicada en la Operación Púnica por cobro de comisiones ilegales en varias comunidades, sobre todo en Madrid.
Empezando por el final, el auto del juez Velasco confirmó este jueves que el Ayuntamiento de Almendralejo no ha sido registrado por agentes de la UCO, adscritos a la Guardia Civil. Estos, simplemente, requirieron la "entrega de cierta documentación vinculada a lo investigado", operación que también han hecho en Murcia, Madrid o León. La Audiencia Nacional detalla los consistorios registrados y ahí no se encuentra Almendralejo. Eso sí, paraliza el concurso hasta saber si Cofely es inhabilitada para concurrir a cualquier expediente de contratación o si, definitivamente, no tiene relación con lo sucedido en Almendralejo.
¿Por qué la privatización del servicio? El gobierno local impulsa un proyecto encaminado al ahorro y mejora de la eficiencia energética. Según sus datos, el consistorio tiene un gasto anual en esta materia de 1.804.530 euros. Con la nueva gestión afirma que será de 1.448.769 euros, de los que 140.807 son del personal y 1.347.961 del coste del servicio. Estima que habrá un ahorro anual de 316.000 euros que, multiplicado por 15 años, alcanza una cifra de 4.740.000 euros. Además del mantenimiento, la empresa adjudicataria debe realizar una inversión de 550.000 euros durante el primer semestre de 2015.
Argumentos
La operación parece positiva para las arcas municipales. Pero ¿por qué es votada en contra por la oposición? El PSOE alega que el contrato "está plagado de irregularidades". Asegura que las cláusulas administrativas "no están firmadas por ningún técnico" y, las técnicas, no están firmadas por el ingeniero jefe de infraestructuras eléctricas, sino por el jefe del servicio de Urbanismo. Con estos argumentos, en verano, decidió presentar un recurso contencioso-administrativo para que se investige el proceso, el cual se admitió a trámite a finales de septiembre.
Hasta ese momento, nada nuevo, pero la irrupción de los agentes de la UCO el pasado lunes en el ayuntamiento hizo saltar las alarmas. Piedad Alvarez, secretaria general del PSOE y portavoz de su partido en la corporación, comparece para denunciar el registro y la posibilidad de estar "ante un posible caso de corrupción". El gobierno municipal le rebate sus razonamientos presentando la documentación y, días más tarde, la Audiencia Nacional le da la razón confirmando que no hubo registro.
Sin embargo, el PSOE pide un pleno extraordinario y que se cree una comisión de investigación con representación de los partidos. Quiere que la ciudadanía debata el caso. Y mientras, el concurso está paralizado en el proceso de baremación técnica, sin abrir siquiera el sobre C de ofertas económicas. La Audiencia Nacional tiene la documentación. Su fallo aclarará un asunto enrevesado que ha tenido a la ciudad en boca de la opinión pública.
