La corporación municipal, en sesión plenaria, acordó ayer aprobar el desistimiento del contrato referente al alumbrado público y la eficiencia energética, apoyado en un informe realizado por el secretario del ayuntamiento en el que se ponía de manifiesto que habían transcurrido los plazos legales establecidos para la resolución de dicho expediente y que, al estar este suspendido a instancias de la Audiencia Nacional, se producía una infracción de la norma reguladora de los procesos de adjudicación de contratos públicos. Este desistimiento salió adelante con los votos a favor del grupo popular, Izquierda Unida y el concejal no adscrito, Marceliano Martín; y con la abstención del grupo socialista.
El concejal popular, Luis Alfonso Merino, quiso dejar muy clara la diferencia entre desistimiento y renuncia de un contrato "que busca inversión para Almendralejo, ahorro y situar a la ciudad a la vanguardia de la eficiencia energética". Merino señaló que la renuncia implica que el equipo de gobierno no opte más a la posibilidad de celebrar este contrato, mientras que el desistimiento puede producirse por errores en los pliegos de contratación o, como es el caso, por no seguir las normas del procedimiento de adjudicación "de forma involuntaria", como ha sucedido. El propio Merino ratificó las palabras efectuadas hace unos días por el alcalde y dejó claro que, de revalidar la confianza de los ciudadanos en los comicios locales, volverán a sacar un nuevo expediente de contratación "porque es de interés público el beneficio de los ciudadanos".
También criticó a los socialistas el hecho de que hubieran "mancillado el nombre de Almendralejo, sin demostrar absolutamente nada de las acusaciones vertidas". Y desveló que la única causa penal abierta que tiene el ayuntamiento en la actualidad obedece al contrato del aparcamiento de la plaza de Abastos adjudicado en enero de 2010, cuando el alcalde era el socialista José María Ramírez. Merino señaló que se han abierto diligencias previas sobre este asunto a instancias del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Mérida.
Los socialistas recordaron que ya solicitaron un pleno extraordinario para frenar el contrato de eficiencia energética y critican que esto se produzca ahora y no antes. Aseguran que, desde el principio, vieron aspectos irregulares en este contrato referentes a la forma de elaborar los pliegos, la ruptura de la libre competencia entre aspirantes, la sobrevaloración de los costes de dicho contrato, así como la sobrevaloración de los consumos que aparecían en los pliegos. El portavoz socialista, José María Ramírez, dijo que están de acuerdo con el desistimiento, pero volvió a pedir la creación de una comisión de investigación para dilucidar los detalles que no han quedado claros.
