La junta directiva de Aprosuba-2 se ha defendido ayer de las acusaciones de la plataforma que han creado varios socios en las que le tachaban de falta de transparencia.
Los responsables de la asociación han negado esa acusación, ya que la información y documentos del funcionamiento del colectivo están a disposición de cualquier socio y la gestión que han llevado hasta ahora es muy clara. Ponen el ejemplo de que se han entregado los estados de cuentas a uno de los integrantes de esta plataforma "en contra de la voluntad de ellos y de la ley".
También, aseguran que los números de cuentas son públicos porque cada año deben entregarlos a la Consejería de Bienestar Social. La directiva sí reconoce que hay un déficit de unos 40.000 euros anuales y explica que la consejería no ha ratificado desde 1996 las cantidades que les aporta mensualmente a través de un convenio.
La directiva señaló que no se ha negado a ningún familiar asociarse al colectivo, como se apuntaba en el comunicado de la plataforma. Para que esto ocurra, añade, tiene que ser aprobado en asamblea "como dice la ley de asociaciones".
En cuanto a la asamblea que se celebrará el 27 de diciembre y en la que se eligirá a cinco nuevos miembros de la directiva, los representantes de la asociación explican que no les importa que se hayan presentado los socios que componen la plataforma para ocupar estas nuevas vacantes.
El presidente de Aprosuba, Leocadio Moya, declaró que el 90% del personal laboral del colectivo apoya a la junta directiva.
