Juan José Sánchez Vivar, recaudador municipal en Almendralejo entre 1986 y 1999, deberá pagar 416.681 euros al consistorio al ser considerado "responsable contable directo de dicho importe", que se encontraba en los fondos municipales sin justificar.

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso de casación presentado por Sánchez Vivar tras dos fallos en su contra emitidos por el Tribunal de Cuentas.

La primera sentencia, que ahora deberá aplicarse, la dictó el 30 de diciembre del 2003 la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a la que Sánchez Vivar recurrió por apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. En su recurso solicitó la revocación de la sentencia. El 16 de diciembre del 2004 dicha sala dictó la desestimación del recurso, condenando al apelante a pagar las costas de este.

Tras la desestimación, Sánchez Vivar decidió recurrir ante el TS, que a finales del pasado marzo publicó su fallo. En él declaró "la inadmisión del recurso de casación" presentado por el exrecaudador, por lo que la sentencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sigue firme y Vivar debe pagar al ayuntamiento. El Supremo desestimó el recurso porque, aunque el montante total de dinero sin justificar --416.000 euros-- sí supera el umbral que admite el Tribunal para recibir la casación, no lo supera el desglose del dinero por conceptos.

Por ejemplo, el saldo deudor por circulación de vehículos asciende a 73.00 euros o el de cementerio, a 1.797 euros. Estas partidas, por separado, no superan el dinero mínimo que exige el TS para aceptar un recurso. Además, la sentencia obliga al exrecaudador a abonar también el pago de los intereses calculados con arreglo a los tipos establecidos y vigentes el día en que se produjo el alcance, y al pago de las costas de los procedimientos. Así, el Sánchez Vivar debe pagar 416.000 euros, equivalente al dinero que no justificó ante el consistorio, más las costas de los recursos interpuestos. Sánchez dejó de trabajar en el ayuntamiento a finales de 1999. En octubre de ese año, el pleno aprobó prescindir de sus servicios.