Una semana después del fallecimiento de Julián Barragán, joven almendralejense de 36 años víctima de una hemorragia retroperitoneal (datos de la autopsia) durante la primera noche de las fiestas en un bar, los miembros de su familia siguen indignados por la actuación del Servicio de Urgencias y Emergencias 112. La familia interpuso denuncia ante la Comisaría Nacional de Policía al considerar que la ambulancia del 112 acudió a la llamada de emergencia sin personal sanitario específico. Familiares del fallecido insisten en que se produjeron dos llamadas al 112 y, en ambas, se alertó de la gravedad del estado de Julián en ese momento.

Juan María Ruiz, cuñado del fallecido, insiste en que "el 112 dio por hecho de que se trataba de un coma etílico y, tal vez por ello, no enviaron a un médico más especializado". Los familiares de la víctima aseguran que no quieren culpar explícitamente al 112 de la muerte de Julián, pero sí han mostrado su rechazo absoluto a la forma de proceder del servicio de emergencias en este caso concreto. "En las llamadas se les dijo que estaba inconsciente y muy grave. Ahora nos queda la duda de qué habría pasado si la atención hubiera sido más especializada".

La familia ha querido expresar a este diario que "con estas denuncias no buscamos nada de publicidad. No es nuestro cometido. Sólo queremos que una situación como la que hemos vivido nosotros, y que creemos que es evitable, no les suceda a otras personas. Además, hemos rechazado salir en más medios e, incluso, llamadas de altos cargos políticos interesándose por el caso".

El centro de urgencias y emergencia aseguró en una nota de prensa que el servicio estableció el protocolo de atención requerido. Para estos casos, el operador de demanda pasa la llamada al médico de sala, quien de acuerdo a la información transmitida, realiza una evaluación y valoración de la urgencia y decide la activación del recurso. En este caso, se tramitó una ambulancia convencional urgente, dotada con una persona en posesión de la acreditación oficial de Técnico en Transporte Sanitario.

El caso ha llegado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura después de que la asociación El Defensor del Paciente haya solicitado su investigación. En la misiva remitida a Aurelio Blanco, la asociación pide también "la depuración de responsabilidades de quién o quiénes sean responsables".