El equipo de gobierno, a través de su portavoz, Luis Alfonso Merino, ha querido aclarar que el ayuntamiento «no tiene ninguna responsabilidad» de que las obras previstas en materia de Educación que acometerá la consejería en determinados centros de la ciudad estén paralizadas, tal y como dijo hace unos días la delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez. El concejal popular confirmó que la consejería de Educación ha solicitado cuatro licencias de obra al ayuntamiento durante los meses de diciembre y enero para actuaciones en el IES Santiago Apóstol, IES Carolina Coronado y los colegios José de Espronceda y Antonio Machado. El valor total del dinero invertido rondaría los dos millones de euros. Piedad Álvarez comentó que el ayuntamiento no concedía la licencia de obra al solicitarle el pago de la misma, algo que «tienen por norma» que lo abonen las empresas adjudicatarias. Merino explica que la solicitud de una licencia de obra, ya sea pedida por la administración, una empresa o un ciudadano, inicia un procedimiento al que se le aplica la ordenanza fiscal número 7 que regula una tasa. «Esa tasa estamos todos obligados a pagarla». De hecho, una técnico municipal competente en la materia ha elaborado un informe donde deja claro que es el solicitante de la licencia, en este caso la propia Junta de Extremadura, el que debe responder con el pago de la misma y debe presentar la solicitud con el resguardo del abono realizado.

Las licencias están aprobadas por el arquitecto municipal y a la espera de recibir el pago.