El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almendralejo está instruyendo diligencias previas por un posible delito de estafa en el contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación del aparcamiento subterráneo en la explanada del antiguo mercado, en la plaza de Abastos. Esta causa penal abierta contra el ayuntamiento fue destapada durante la sesión del pleno ordinario de marzo por Luis Alfonso Merino, concejal popular, y se remite a unos hechos ocurridos durante el gobierno del PSOE en 2010. La Justicia abre diligencias previas, a instancias de la Fiscalía de Mérida y el Tribunal de Cuentas, por la falta de justificación en los criterios de selección del adjudicatario. Ahora, la justicia tendrá que evaluar si existe o no causa para la investigación o queda archivado el caso.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2010, cuando siendo alcalde el socialista José María Ramírez, se produjo la adjudicación definitiva de este contrato a la empresa Cruzmar para realizar el párking de la plaza de Abastos. Sin embargo, una vez firmado el contrato, se planteó la posibilidad de una modificación del mismo ante la posible aparición de problemas en el subsuelo, lo que incrementó el presupuesto. Merino desveló que Cruzmar hizo dos propuestas de modificación del contrato, tras un estudio geológico. En la primera, el incremento del presupuesto era de más de 900.000 euros sobre el inicial; en la segunda, la cuantía se acercaba a los 500.000 euros. Las modificaciones de dicho contrato fueron desestimadas porque estipulaban cantidades superiores a las recogidas en el pliego, según ha indicado José María Ramírez, portavoz socialista. Más tarde, dicho contrato fue anulado en sesión plenaria del año 2012, cuando ya gobernaba el Partido Popular. Hubo una rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre el consistorio y Cruzmar.

El 5 de febrero de 2013, el Tribuna de Cuentas solicitó el expediente completo del contrato que fue remitido poco después, el día 21 de febrero. El 14 de marzo del mismo año, el Tribunal de Cuentas remitió al ayuntamiento el resultado de la fiscalización del contrato. En el informe se detallaba que no se había enviado una serie de documentos como la justificación del procedimiento y de los criterios de adjudicación elegidos, causa a investigar. Seguidamente, se abrieron diligencias previas por un posible delito de estafa.

José María Ramírez ha asegurado que "no tiene nada que ocultar" y por ello se ha remitido a que, si el equipo de gobierno lo cree oportuno, se abra una comisión de investigación sobre el asunto, al igual que la pedida por el contrato de eficiencia energética que no seguirá adelante.