La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Educación, ha remitido un escrito en el que pide al ayuntamiento de Almendralejo que «recapacite cuanto antes y desbloquee el trámite burocrático para que la Junta pueda empezar las obras de cuatro centros educativos en la capital de Tierra de Barros por importe de 2,6 millones de euros». Se refiere al pago de las licencias de obra que la Junta ha pedido para realizar actuaciones de reforma en los institutos Santiago Apostol y Carolina Coronado, así como en los colegios José de Espronceda y Antonio Machado.

El portavoz del equipo de gobierno, Luis Alfonso Merino, ya hizo saber que el pago de la licencia de obra está regulado por una tasa que obliga al solicitante a abonarla para poder ser expedida la licencia. Es una ordenanza fiscal la que lo regula y, por lo tanto una ley. Merino dice que es la Junta la encargada de pagar la licencia.

La Consejería de Educación sigue apoyándose en que el pago de esta tasa corresponde a cada una de las empresas constructoras que resulten adjudicatarias de cada una de estas obras, tal y como establece el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de contratación de las obras. La Junta dice que realiza este procedimiento con todos los ayuntamientos de la región y que «ninguno nos ha puesto pegas, salvo el de Almendralejo».