33 La subdelegada del gobierno, Pilar Nogales, ha asegurado que la investigación sobre la oleada de robos perpetrados durante en mayo en naves y empresas de polígonos industriales sigue abierta, aunque todavía no ha habido detenciones. Lo cierto es que desde que se anunciara en julio un dispositivo de seguridad en el que colaboraban todas las fuerzas del orden público no se ha vuelto a producir ningún robo similar y parece que el mismo ha tenido un efecto disuasorio con buenos resultados. «La mejor novedad es que no se han vuelto a producir robos en las empresas. Y eso es lo que puedo decir», informó la subdelegada que dio más detalles de la operación.

33 Según ha sabido este diario, las investigaciones apuntan a una banda de ladrones, posiblemente de nacionalidad extranjera, muy bien articulada que ha operado fundamentalmente en localidades de Andalucía y que podría tener su centro neurálgico en una zona cercana a Sevilla. La investigación sigue abierta.

Con las campañas de recogida de uva y aceitunas ya en marcha vuelve a aflorar un viejo problema para viticultores y asociaciones agrarias: los robos en el campo. Un año más, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han establecido un dispositivo de control y seguridad para vigilar posibles prácticas delictivas durante este tiempo de vendimia y las semanas posteriores, cuando los robos en fincas se disparan. El pasado año, este problema supuso un punto de inflexión debido a las disparatadas cifras de robos. Sólo en Almendralejo y comarca, según datos de la policía local, se incautaron más de 20.000 kilos de aceitunas de procedencia ilegal, aunque en la mayoría de los casos es difícil argumentar judicialmente la práctica del robo, ya que el rebusco es una práctica legal. Por ello, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, considera fundamental que se le dé urgencia al proyecto de decreto que impulsó la Junta de Extremadura para evitar estos robos y que en estos momentos se encuentra paralizado debido a las alegaciones presentadas en su contra. Explica el primer edil que se trata de que «una actividad lícita como el rebusco no termine convirtiéndose en una actividad ilícita como son los robos». Este decreto permitiría a los agentes de la Guardia Civil intervenir para solicitar a los transportistas autorizaciones de rebusco o documentación para acreditar de qué fincas o tierras viene la mercancía.

Mientras tanto, el dispositivo de control ya está operativo para vigilar los accesos al campo. Por un lado operan los equipos llamados Roca (Robos en el Campo), pertenecientes a la Guardia Civil. Son agentes especializados en la materia y que cuentan con contacto directo y cercano con los agricultores. Desde la delegación del gobierno se ha gestionado la presencia de un escuadrón de caballería de Madrid con cinco agentes, tal y como ya sucedió el año pasado. Estarán operativos desde el 15 de octubre. Se sigue negociando la posibilidad de más apoyo externo para esta causa y es posible que pudiera venir agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Zaragoza.

Por parte del consistorio se anuncia la presencia constantes de agentes de la policía local y la guardería rural con turnos en horarios con menos presencia de agricultores en las fincas. Se establecerán puntos de vigilancia en los accesos a caminos y carreteras que van a distintas zonas de campo.

Lobato advierte que los robos en el campo constituyen una enorme preocupación en muchos agricultores y asociaciones agrarias. “Es un problema localizado. El control hay que hacerlo en los puntos donde se recoge el producto, pero para ello es necesario una legislación y normativa que permita actuar a la Guardia Civil”. Pilar Nogales, subdelegada del Gobierno, se ha expresado en una línea parecida, señalando que febrero de 2016 supuso un punto de inflexión en esta problemática cuando la Junta tomó conciencia del problema para impulsar este decreto. H