La Delegación del Gobierno en Extremadura no reabrirá el contingente de temporeros para el campo de cara a la campaña del próximo año. Esta decisión se tomó ayer en Badajoz en una reunión que se celebró en la sede de la Subdelegación y en la que se vieron las caras los responsables del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), de los sindicatos y de las organizaciones agrarias.
Según los dos primeros, no hace falta mano de obra agrícola en la comarca de Tierra de Barros, extremo que rechazan los empresarios del campo ya que consideran que el Sexpe no es capaz de aportar el número de jornaleros que requieren las labores agrícolas de la vendimia y de la recolección de la aceituna. La decisión de no reabrir el contingente se ratificará el lunes en la comisión provincial del INEM en Badajoz.
De todos modos, el secretario regional de COAG, Luis Cortés, aseguró que su organización va a solicitar una reunión urgente con el delegado del Gobierno para que el contingente se abra independientemente de la opinión del Sexpe y de los sindicatos.
"Hacen falta 2.500 temporeros para poder recolectar las cosechas, pero aún así, estaríamos dispuestos a solicitar sólo 300 en el primer año para que vayan tomando experiencia todas las partes", señaló a este diario Cortés.
QUERELLA CONTRA EL SEXPE
Según las organizaciones agrarias, en la actualidad hay unos 1.500 ilegales trabajando en Tierra de Barros en la recolección de la aceituna de esta campaña. Aún así, desde COAG se ratifican en que "si el próximo año a un solo empresario se le pierde la cosecha porque no hay jornaleros, nos querellaremos contra el responsable del Sexpe ya que no ha cumplido con sus funciones".
Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Juan Ogayar, indicó que, de momento, el sindicato cree que la región cuenta con los trabajadores suficientes para la demanda de jornaleros que existe. "Lo único que deben hacer los empresarios es cumplir los convenio, el pasado año se creó una bolsa de 600 trabajadores y sólo se solicitaron cuatro porque a un agricultor le sale más barato contratar a un inmigrante que cobra, en alguno de los casos, solamente 20 euros al día", afirmó Ogayar.
A la hora de cuantificar el número de ilegales que están trabajando actualmente en Tierra de Barros, Ogayar aseguró que "en la reunión cada empresario decía una cifra, se nota que entre ellos falta coordinación y que no se han sentado a hablar previamente. Aún así la reunión fue buena y careció de crispación".
