La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, aseguró ayer que la existencia de naves pateras en la ciudad, según ha alertado el sindicato UGT, no es un problema de inmigración irregular ni de inseguridad. Pereira planteó que detrás de él pudiera existir economía sumergida o malas condiciones de habitabilidad.
La secretaria de Inmigración e Igualdad de la Federación Agroalimentaria de UGT, Raquel López Santofimia, alertó el jueves de la existencia de medio centenar de naves patera en Almendralejo, en las que se hacinan decenas de inmigrantes, hasta 150 en una de ellas.
Pereira precisó que los ocupantes de estas infraviviendas, de nacionalidad rumana, son ciudadanos de la Unión Europea con derecho a circular por España y a trabajar en las mismas condiciones que los demás. Por lo tanto, no están en una situación irregular, según Pereira, que indicó que estos ciudadanos vienen a España en menor medida que otros años.
La delegada del Gobierno planteó que si la residencia de estas personas tiene relación con el trabajo puede haber una infracción laboral. También pudiera pasar, añadió, que se estén arrendando naves que no reúnen las condiciones de habitabilidad.
