La Junta de Extremadura, a través de su secretaria general de Vivienda, María Isabel Moreno, ha anunciado que se le ha pedido al Gobierno central una ampliación del plazo acordado para la regeneración urbanística de los pisos de Federico Mayo, situados en la calle Federico García Lorca, en el barrio de San José, después de que las negociaciones con los actuales propietarios de las viviendas del bloque que será demolido se han dilatado más de lo esperado. Moreno confirmó que solo queda una familia en el edificio y que «está costando que salga de la vivienda». Considera que este tipo de realojos son beneficiosos para los inquilinos, «pero queremos evitar la presión de que una familia salga de su casa».

María Isabel Moreno desveló una reciente reunión con el Secretario de Estado de Vivienda y el subdirector general a nivel nacional donde se solicitó esta ampliación del ARU de Federico Mayo de Almendralejo, cuya obra de demolición estaba prevista para el primer semestre de este año, mientras que la edificación finalizada para otoño de 2017. Moreno indica que una ampliación de plazo similar ya fue solicitada y aceptada para el ARU de El Campillo de Badajoz.

El edificio está compuesto de 54 viviendas y la mayoría de los propietarios han optado por venderlas. Otras familias han sido realojadas temporalmente en viviendas repartidas por la localidad hasta que se haga el nuevo bloque. Mientras se negocia con la última de las familias, se han tapiado los accesos a las viviendas que ya no están ocupadas para evitar posibles ocupaciones ilegales que luego deriven en desahucios, precisamente de lo que huye la Junta de Extremadura.

SIN MÁS VIVIENDAS SOCIALES / Por otra parte, la secretaria de Vivienda dejó entrever que no se construirán nuevas viviendas sociales en Almendralejo, al menos en un futuro próximo. «Hay tantas viviendas vacías en esta ciudad que no parece conveniente», argumentó. María Isabel Moreno ve más factible comprar viviendas antes que edificarlas. También dijo haber solicitado al ayuntamiento una lista de las que están vacías en la localidad para llegar a un acuerdo de compra con algunos dueños-, y especificó que hacer una vivienda social cuesta más que comprarla.