El pleno ordinario del mes de junio ha servido para que la corporación municipal haya aprobado, con los votos a favor del grupo popular y en contra del grupo socialista, un convenio administrativo donde se ponen de acuerdo el Ayuntamiento de Almendralejo y la empresa Loanjo SL, para la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y mediante la cual el consistorio debe adquirir por la vía de expropiación forzosa unos terrenos adscritos al sistema general de comunicaciones, ubicados entre las calles Las Aguas y Era de la Piva, junto a una de las rotondas de la carretera de Fuente del Maestre (la que conecta con la avenida Rafael Alberti).

La sentencia del TSJEx del 2012 obligaba al ayuntamiento a pagar 735.000 euros por otra expropiación, De esas cantidades, 632.000 euros obedecen a los terrenos a expropiar de una parcela de 6.000 metros cuadrados, aproximadamente, mientras que el resto (103.000 euros) son intereses de demora que se han ido generando. El convenio establece satisfacer el pago al expropiado en cuatro anualidades, hasta el año 2020, «algo que no es tan gravoso para la tesorería municipal que la opción de haberlo hecho de un solo pago», tal y como explicó el concejal popular Luis Alfonso Merino en el pleno.

Ésta es otra de las múltiples expropiaciones a las que ha tenido que hacer frente el actual equipo de gobierno y que vienen arrastradas de gobiernos anteriores. El convenio tiene algunas ventajas para el ayuntamiento. Por un lado, da respuesta a una sentencia que se hizo firme en 2015 y que es obligatoria de cumplir. Por otro lado, con la firma realizada el 31 de mayo de 2017, se paralizan inmediatamente los intereses de demora, intereses que se ahorrará el consistorio durante las anualidades que establece el acuerdo (hasta 2021). Y, por último, permite al ayuntamiento afrontar un pago elevado de expropiación de manera más oxigenada, sin ahogar la cuenta municipal.

El acuerdo, que lleva fraguándose tiempo entre ambas partes, incluye un beneficio para Loanjo SL, ya que a los terrenos expropiados se suma una parcela anexa de unos 1.800 metros cuadrados que se consideran inservibles y que, según la Ley de Expropiación Forzosa, pueden ser incluidos en el convenio. Por ello se abonaran otros 100.000 euros más tras el pago de las anualidades pendientes, es decir, en el año 2021, por lo que el coste total de la expropiación asciende a 835.000 euros. El precio de tasación del terreno anexo lo ha realizado un arquitecto y está por debajo del precio de mercado.

DESDE 2010/ Merino considera positivo el convenio para todas las partes, mientras que Piedad Álvarez, portavoz del PSOE, señaló en su valoración que «la expropiación, que arranca en 2012, nos va a costar 100.000 euros de intereses de demora por la cabezonería de alguien». El proceso realmente arrancó en junio de 2010, justo cuando la empresa Loanjo SL solicitó formalmente mediante registro al ayuntamiento la expropiación forzosa de los terrenos citados. No obstante, hasta 2015, no ha habido una sentencia firme. En mayo del 2016, el pleno ya aprobó un expediente de crédito extraordinario de 632.000 euros como primer paso para hacer frente a esta expropiación. Aquel expediente fue votado positivamente por ambos grupos políticos, tanto PP como PSOE. Sin embargo, en el pleno de este mes de junio, el grupo socialista votó en contra del convenio, aunque éste ha salido adelante por la mayoría del grupo popular. La primera anualidad será pagada en este 2017.