Las diferencias entre populares y socialistas en Almendralejo han aumentado tras los últimos acontecimientos relacionados con la paralización del expediente de contratación de eficiencia energética y alumbrado público a instancias de la Audiencia Nacional y el concurso de Cofely, empresa implicada en la Operación Púnica .

El Partido Popular de Almendralejo sigue pidiendo explicaciones y pruebas documentales a la actual secretaria del PSOE, Piedad Alvarez, tras las "graves acusaciones" realizadas por esta durante el pasado martes en las que incidió que la UCO había registrado el ayuntamiento. Juan Daniel Bravo, portavoz del PP local, le ha pedido a Piedad Alvarez que "deje de ensuciar la imagen de Almendralejo" y que es "indigna" de ser concejala del ayuntamiento, secretaria general del PSOE y candidata a la Alcaldía por su partido.

Los populares argumentan que la secretaria del PSOE está utilizando este tema como "un filón para ganar las elecciones" y critican el "daño que está provocando a los ciudadanos y empresas de la ciudad" el hecho de que se hable mal de Almendralejo a nivel nacional. Bravo considera también que Piedad Alvarez "ha puesto en duda la honorabilidad del ayuntamiento y de sus funcionarios municipales".

Desde el Partido Popular siguen reafirmando la información argumentada por el concejal Luis Alfonso Merino durante la rueda de prensa del pasado miércoles. En ella mostraba el requerimiento del magistrado Eloy Velasco para la recepción de documentos que llevaron a cabo los agentes de la UCO. "No hubo registro y es falso la acusación vertida por Piedad Alvarez", insistió. Y también criticó que la concejala socialista diera a entender que Cofely iba a ganar los concursos de Almendralejo y Aceuchal.

El portavoz popular ha pedido que "pida perdón" si no es capaz de argumentar lo que dice con pruebas documentales que aparte "su odio al PP" como concejala del ayuntamiento".

PLENO EXTRAORDINARIO Por su parte, el PSOE anunció que ha registrado en el ayuntamiento una petición de pleno extraordinario con el objetivo de que se renuncie al contrato de eficiencia energética y alumbrado público y para la creación de una comisión de investigación que presida un miembro de la oposición y en la que estén representados todos los grupos políticos. Los socialistas quieren que esta comisión tenga voz para funcionarios y empresas privadas o públicas con el objeto de aclarar toda la información.

Este pleno extraordinario debe ser convocado por el alcalde José García Lobato en un plazo de 15 días hábiles y, en caso de no hacerlo, deberá convocarlo el secretario de corporación en un plazo de diez días tras expirar el primer cupo. "Queremos que se debata este asunto delante de los ciudadanos. Nuestro interés es que se informe de la situación", subraya Alvarez. Asimismo pedirán en dicho pleno una votación individual de cada concejal.

Ante los medios, la socialista volvió a recordar que siguen pidiendo explicaciones por un proceso que entienden "está plagado de irregularidades y consumos inflados".