Un matrimonio, administradores de una promotora, se enfrenta a cuatro años de prisión por quedase con dinero de viviendas que no se terminaron de construir en Almendralejo. Se les acusa de un delito de apropiación indebida y solicita una indemnización de 290.000 euros.
La promotora Prohisur S.L.U. contrató un préstamo hipotecario de tres millones de euros. Tras recibir como aval de anticipo de compra más de medio millón de euros de una veintena de compradores y con el 65% de viviendas construidas, las obras pararon el 31 de diciembre de 2009 porque «debían a proveedores 480.000 euros», señala la fiscalía de Mérida, ya que el caso se juzga en la Audiencia Provincial.
Los encausados habían cobrado 1.601.940 euros con cargo al préstamo de Caja Rural de Extremadura, pero los compradores no han recuperado el dinero invertido.
