Los concejales de los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida han registrado una solicitud de celebración de pleno extraordinario para tratar cuatro acuerdos antes del fin de la legislatura. Solicitan debatir sobre medidas de empleo y vivienda, la tasa de depuración del agua cobrada a los ciudadanos y no devuelta y el tratamiento de las mociones presentadas por los grupos de la oposición.

Sobre el empleo, ambos grupos proponen la configuración de un plan de choque para los jóvenes y parados de larga duración. Buscan dos acuerdos: la creación de una comisión local y conseguir el segundo pacto local por el empleo. La secretaria socialista, Piedad Alvarez, argumentó que es necesario impulsar el empleo en segmentos de la población más desfavorecida.

Con respecto a la vivienda, tanto PSOE como IU demandan un pronunciamiento del ayuntamiento en relación al caso de la Corrala. Ambos grupos proponen elaborar un plan municipal de viviendas; fomentar los alquileres sociales, sancionar a aquellas entidades bancarias que mantengan propiedades sin utilizar; solicitar al Gobierno de Extremadura la construcción de las 26 viviendas sociales previstas en la zona de Clara Campoamor; y que el alcalde reciba a las familias de la Corrala.

Asimismo, durante el pleno propondrán un acuerdo para que en la próxima legislatura, toda aquella moción presentada por la oposición que no se incluya en el orden del día, pase inmediatamente al pleno posterior. Argumenta el PSOE que de las 53 mociones presentadas, 26 de ellas han sido desestimadas. También solicitarán la devolución por Socamex de la tasa de depuración cobrada a los ciudadanos. Piedad Alvarez señala que esta cantidad asciende a un millón de euros por un servicio que no ha sido prestado a la ciudadanía.

El alcalde José García Lobato, encargado de las convocatorias de plenos extraordinarios, tiene de plazo 15 días naturales para convocar esta sesión. En caso de no hacerlo, según dicta la ley, el pleno se celebraría al décimo día posterior.