La inspección laboral enviada por el Ministerio de Trabajo ha descubierto durante la pasada campaña de recolección un total de 156 jornaleros sin documentos sólo en la comarca de Tierra de Barros. Esto supone un delito y las sanciones que reciben los empresarios que contratan ilegalmente son de casi 6.000 euros por cada trabajador, por lo que el montante total supera los 936.000 euros en sanciones, más de 150 millones de pesetas.
Además, se da el caso de que algunos agricultores tenían hasta 17 inmigrantes ilegales trabajando en la recolección, por lo que hay sanciones que superan los 102.000 euros para un solo empresario agrícola.
Ante este panorama, los representantes de las tres asociaciones agrarias de la localidad: Comunidad de Labradores, COAG y UPA-UCE, tienen previsto reunirse esta noche a las 21.00 horas con el alcalde José María Ramírez para buscar soluciones al problema.
Y es que como reconoce el secretario regional de CAOG, Luis Cortés, "el agricultor está entre la espada y la pared ya que el fruto se pasa sino se recoge y para recolectarlo hay que recurrir a la mano de obra ilegal con el fin de no perder dinero. A algunos les cogen y a otros no porque tienen más suerte".
FALTA DE MANO DE OBRA Según apuntó el propio Cortés, estas denuncian dejan de manifiesto la necesidad de mano de obra que ha sufrido el agricultor en Tierra de Barros durante los últimos meses para poder recoger los frutos. "Los sindicatos y el Sexpe se equivocaban al afirmar una y otra vez que había trabajadores suficientes, el uso de empleados ilegales ratifica la versión que hemos mantenido en estos últimos meses", aseveró el secretario regional de COAG.
Por su parte, los representantes de las asociaciones agrarias que operan en Almendralejo han preferido no pronunciarse sobre lo que supone para ellos las fuertes sanciones económicas impuestas por Trabajo. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que las organizaciones darán su punto de vista sobre la situación tras la reunión de esta noche con Ramírez.
