Los 374 comuneros de la Sociedad Cabra Alta y Cabra Baja de Zahínos ya son propietarios de estas fincas que pertenecían a la Casa de Alba. Tras doce años de litigios y recursos en los tribunales, después de la expropiación en 1990 de los terrenos por la Junta de Extremadura, los arrendatarios podrán sacar el máximo rendimiento a estas tierras, cuya superficie se eleva a 2.477 hectáreas.
Así lo manifestó el día 29 de noviembre el consejero de Agricultura, Eugenio Alvarez, durante la entrega simbólica de las escrituras de las fincas a la Comunidad de Arrendatarios de Zahínos. Alvarez mostró su satisfacción por devolver la dignidad a Zahínos y a Extremadura y mencionó que las expropiaciones en Navalvillar de Ibor y Las Arguijuelas con el mismo objetivo: "En la región había muchas fincas que no se explotaban lo suficiente porque pertenecían a personas de fuera y los beneficios de la producción eran para ellos". Con esta devolución se confiere seguridad y estabilidad económica a la zona, que contribuirá al mantenimiento de la población, resaltó el consejero.
La lucha por las ´Cabras´ se remonta a hace 70 años, cuando el gobierno de la Segunda República entregó las dos fincas gratuitamente a los vecinos de Zahínos. Esta entrega sólo duró el tiempo de la República y, tras la guerra, Franco las entregó a los Alba, pero en 1990 llegaron tiempos de zozobra: vencía el alquiler y se anunciaba una revisión al alza de la renta.
La Junta decidió intervenir y el 7 de febrero, amparándose en una ley franquista, Ibarra firma el decreto de expropiación. El objetivo consistía en evitar el incremento de los arriendos, pero también acabar con una situación injusta: cada comunero sacaba en limpio poco más de 450 euros al año, ya que las fincas estaban infraexplotadas porque los arrendatarios no se atrevían a invertir. Por el contrario, los propietarios de las tierras recibían 2,4 millones de euros en ayudas europeas. Así comienza un litigio, cuyos resultados se han cuestionado, puesto que, al final, el coste final (5,62 millones) triplica lo que pedía la Casa de Alba en 1990.
