La deuda de sanidad, 34,27 millones de euros, --5.202 millones de pesetas-- en recibos sin ejecutar, enfrentó en la primera quincena de abril al gobierno extremeño con el Insalud, hasta el extremo de que el consejero de Sanidad extremeño, Guillermo Fernández Vara, amenazó con ir a los tribunales si el Insalud no asumía esos pagos.
La deuda sanitaria se produjo en el primer trimestre del 2002, aunque por servicios prestados en los últimos meses del año anterior. Las partidas que estaban sin pagar correspondían al gasto farmacéutico del mes de diciembre del 2001, retribuciones del personal con cargo a los complementos de productividad y los conciertos sanitarios del último trimestre.
FE EN LA NEGOCIACION
A pesar de la amenaza de acudir a los tribunales, el consejero de Sanidad extremeño confiaba en que la negociación prevista con el Insalud, el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social resolviera el conflicto y sirviera para liquidar esta deuda. Aún dejando patente la voluntad negociadora de la Junta, Fernández Vara fue claro: "Si no se reconocer que esos gastos son de año pasado y los tiene que pagar el Gobierno, recurriremos a los tribunales".
ORIGEN DEL CONFLICTO
El problema surge a raíz de la interpretación del acuerdo que hizo posible las transferencias sanitarias al gobierno autonómico. Así, mientras el gobierno de la nación entiende que el gasto farmacéutico --la cuantía más elevada de la deuda-- del mes de diciembre del 2001 debe incluirse en los presupuestos del 2002, cuando la Junta ya había asumido las transferencias, tal y como se ha hecho en años anteriores, el gobierno autonómico consideraba la deuda como parte de la liquidación.
El Gobierno central, por su parte, ya había dejado claro que las comunidades autónomas debía asumir la deuda, pero el consejero insistía; según dijo, de las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre eran responsabilidad de la administración central.
