Los planes de Franz Fischler dejaron helados a los agricultores y ganaderos extremeños el pasado mes de junio. El comisario europeo de Agricultura se presentó sin previo aviso con una propuesta de reforma intermedia de la Política Agraria Común (PAC) basada en una drástica reducción de las ayudas directas, que ha metido el miedo en el cuerpo a la totalidad del sector. La rebaja anunciada de los pagos es una bomba de relojería en una actividad tan dependiente del apoyo público como es el campo.
Fischler propone una rebaja generalizada anual de un 3% en los pagos directos para todos los cultivos. Este porcentaje es acumulable --el segundo ejercicio de vigencia sería un 6%, el tercero un 9%-- hasta conseguir que en el 2009 se cobre un 20% menos del dinero que se percibe ahora por esta vía. Los fondos recuperados por esta modulación dinámica se destinarán a desarrollo rural, pero los Estados no tienen seguridad de cuándo ni cuánto van a percibir por este concepto. Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, Extremadura será de las comunidades más perjudicadas ya que la reforma dejará fuera de la rentabilidad a 200.000 hectáreas de cultivo.
Más allá de la mera rebaja de las ayudas directas (las que reciben los agricultores desde 1992 como compensación por la caída de precios de sus productos), que era más o menos previsible, lo que verdaderamente ha introducido malestar en el sector al sido el llamado ´desacoplamiento´ de los pagos a la renta.
Fischler pretende desvincular la cuantía de la ayuda de la producción y sustituir el sistema actual por una asignación fija anual a cada explotación en función de los ingresos obtenidos en los últimos años. El sector agrario desconfía de este método ya que desconoce qué criterios considerará la Unión Europea para fijar la ayuda anual sin contar la producción o el número de cabezas de ganado. Por otro lado, el sistema podría introducir elementos de especulación. Al tener un pago asegurado, el titular de la explotación sembraría lo que menos costes tuviese (cacahuetes, por ejemplo). También haría fluctuar el precio de la tierra en función de la subvención histórica asignada a cada explotación agraria.
LA IDEA INICIAL SE DILUYE
La propuesta de reforma de la PAC se ha ido diluyendo con el tiempo y perdiendo fuerza la posibilidad de que se apruebe tal y como fue presentada en junio, máxime tras conocerse el amplio rechazo que el texto ha provocado en casi todos los rincones de Europa. La agricultura representa en Extremadura un porcentaje elevado de la economía, en torno al 13%, pero nadie duda de que si el carro del campo se para el resto del convoy verá cómo su marcha se ralentiza inmediatamente.
Los agricultores y ganaderos extremeños reciben al año casi 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas) en ayudas a la renta, que no siempre son muy bien entendidas por la opinión pública. La fuerte dependencia de estos pagos hace que cualquier modificación en su cuantía eche a temblar al sector.
FRENTE PARA SALVAR AL TABACO
Paralelamente a esta propuesta de reforma, la Comisión Europea sigue adelante con sus planes de suprimir progresivamente las ayudas a los cultivadores de tabaco. Productores, transformadores, ayuntamientos y entidades financieras se han unido en torno a la Mesa del Tabaco para hacer presión y bloquear la reforma, que supondría la desaparición del cultivo dentro de tres años. Bruselas justifica esta medida en su deseo de apoyar económicamente las producciones respetuosas con el medio ambiente y no lesivas para la salud de las personas. España produce unos 42 millones de kilos de tabaco, el 12% de la UE. De esta cantidad, el 90% corresponde a Extremadura, lo que da una idea del impacto que tendría la supresión de las ayudas en el norte de Cáceres. Se calculan que viven del tabaco unas 5.000 familias.
Esta ofensiva comunitaria coincide en España con el plan de ajuste que el Estado, accionista mayoritario, desarrolla en Cetarsa y que el sector ve con nitidez como el primer paso de cara a la privatización. La tabaquera, con el 65% del mercado español, cerrará varios de sus centros y dará bajas incentivadas a una parte de su plantilla para reducir su capacidad.
