Las pretensiones del Ayuntamiento de Mérida de que la ciudad cuente con un Estatuto de Capitalidad toparon frontalmente con la negativa de la Junta, que incluso dejó caer que la condición de capital no es inamovible. Los grupos municipales emeritenses aprobaron la creación de una comisión específica para elaborar un proyecto del estatuto, un propuesta de la que finalmente se desvincularon los socialistas emeritenses a pesar de estar a favor del proyecto.

En ella se contemplaba la creación de una comisión de estudio, que el proyecto de estatuto recoja la ubicación en la ciudad de todos los órganos de carácter regional y un asignación de la Junta de 3 millones de euros anuales. Las reacciones a esta iniciativa se dejaron sentir en las principales ciudades de la región.