El año 2002 pasará a la historia de Extremadura como el primero en el que la gestión sanitaria correspondió al Gobierno regional. El año en el que abrió sus puertas el hospital público de Zafra y en el que comenzó a desarrollarse el plan sanitario previsto por la Junta en su Plan de Salud.

Y eso que las competencias sanitarias estuvieron a punto de no asumirse, ya que las difíciles negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y la Junta no fructificaron hasta el 21 de diciembre del 2001, a una semana del límite. Gracias a ese acuerdo la comunidad recibió 911 millones de euros.

De esta forma, el Ejecutivo regional asumía una gestión que incluía a casi 10.500 nuevos trabajadores. La primera medida, reorganizar el mapa sanitario en 110 áreas de salud repartidas por las 8 grandes zonas sanitarias.

A las pocas horas de comenzar el año, el 2 de enero, el Servicio Extremeño de Salud (SES) iniciaba la remodelación de los equipos de gestión y procedía al nombramiento de los nuevos gerentes de las ocho zonas de salud. De esta forma, por lo que se refiere a las principales zonas, Martín Caballero se hacía cargo de la zona de Badajoz, Isabel Tovar de la de Cáceres y Cándido Sánchez de la de Mérida.

Las principales pinceladas del proyecto regional las dejaba ver el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante el desarrollo del debate sobre el estado de la región, celebrado en Mérida los días 6 y 7 de febrero. Allí, Ibarra garantizaba la puesta en marcha de nuevos hospitales en Zafra, Almendralejo, La Siberia y Cáceres, así como la creación de un centro de alta resolución en la ciudad de Trujillo. Asimismo, anunciaba que se instalarán Uvis móviles en siete zonas extremeñas, algo provocado porque a principios de año el 40% de la población aún no tenía acceso a servicios de urgencias y emergencias el 1 de enero del 2002.

Otro de los hitos importantes de la sanidad extremeña durante este año consistió en alcanzar un acuerdo con otras comunidades, entre ellas Madrid y Castilla-La Mancha, para crear una gran comunidad sanitaria que facilitase la atención a los pacientes en cualquiera de las regiones implicadas independientemente de su origen.

El 1 de octubre llegó uno de los momentos más esperados con la inauguración del hospital de Zafra. Fue comprado a la empresa andaluza Pascual y Pascual por 17,4 millones de euros y se convirtió en el primer hospital público que abría sus puertas en Extremadura desde que en 1989 lo hiciera el Infanta Cristina de Badajoz. A esto hay que sumar que se trataba también del primer centro sanitario extremeño que contaba con habitaciones individuales, la tan traída habitación por enfermo, una de las principales novedades de la gestión de la Junta de Extremadura. Precisamente poco después, el 4 de diciembre, el propio Rodríguez Ibarra ponía la primera piedra de las obras de ampliación del hospital de Llerena para aplicar esta medida.

El último gran anuncio fue el de la construcción de un nuevo hospital en Cáceres, que supondrá una inversión de 48 millones de euros y dispondrá de 300 camas. El nuevo centro se ubicará en El Cuartillo, mientras que el San Pedro de Alcántara albergará el Materno Infantil.

Durante el año el Servicio Extremeño de Salud también ha mejorado las infraestructuras sanitarias con la puesta en marcha de nuevos servicios de diálisis y TAC, entre otros.

Pero no todo ha sido un camino de rosas en este primer año, en el que el traspaso de competencias sanitarias siempre ha ido acompañado de polémica. La primera, el anuncio del SES de encabezar la lucha contra los conciertos con la sanidad privada, que, según los datos de la Junta, estaba prestando el 30% de los servicios sanitarios públicos.

El 7 de marzo estalló también el escándalo de los 7.000 expedientes ocultos que, según la Junta de Extremadura, aparecieron en los cajones del Hospital Infanta Cristina y correspondían a pacientes pendientes de cita. Otro de los problemas, aún sin resolver, es el de la liquidación de las transferencias sanitarias, puesto que la Junta reclama aún al Insalud el pago de 29,45 millones de euros correspondientes a partidas del año pasado. Entre otras cosas, el Gobierno regional exige a Sanidad que asuma el pago del gasto farmacéutico de diciembre y de la productividad correspondiente al tercer trimestre del 2001. Si no se alcanza un acuerdo, el Ejecutivo regional ya ha anunciado que está dispuesto a llegar a los tribunales.

El año sanitario se cerró con el gran susto del incendio del hospital de Mérida, en la madrugada del 29 al 30 de noviembre, en el que ardieron miles de historiales médicos aunque, afortunadamente, no se produjeron desgracias personales. Las llamas obligaron incluso a desalojar gran parte del hospital y algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros centros.