Cerca de 200 trabajadores municipales se concentraron ayer ante las puertas del ayuntamiento para solidarizarse con los dos compañeros imputados en la querella de la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades urbanísticas detectadas en el Canal de Badajoz y en Golf Guadiana, en las que el fiscal encuentra indicios de delitos de estafa continuada y contra la ordenación del territorio. También están imputados los empresarios de Jardines del Guadiana y Golf Guadiana Angel Medrano y Rafael Alvarez-Buiza.

El contenido de la querella con los nombres se hizo público el jueves y provocó numerosas muestras de apoyo en el ayuntamiento, tanto entre el personal como en el equipo de gobierno, con los dos técnicos implicados: el jefe del Servicio de Coordinación y Gestión Urbanística, Carlos Benito Orduña, y el jefe del Servicio de Urbanismo y secretario de la Comisión de Seguimiento del Plan General, José María Martínez de la Concha.

A la una de la tarde, los trabajadores municipales se concentraron mostrando una pancarta en la que se leía: "Todos somos imputados", con la que quisieron dejar claro que "estos compañeros son gente honrada y trabajadora", según declararon.

HONORABILIDAD En la concentración también estuvieron algunos concejales del PP, así como el alcalde, Miguel Celdrán, quien aseguró que esta muestra de solidaridad "viene a reforzarnos en lo que venimos diciendo respecto a nuestra confianza absoluta en la honradez y profesionalidad de estos técnicos".

Celdrán anunció que "el tiempo y Dios pone a cada uno en su sitio" y recordó que "habrá que hacer un esfuerzo por devolverle la honorabilidad a estos técnicos". Además reiteró una vez más que pone "la mano en el fuego por ellos dos".

Por la mañana, el alcalde reconoció que el nombre de estos querellados "estaba en la mente de todos como responsables de los trámites", aunque cree que "al final se demostrará que no hay nada". También el primer teniente de alcalde, José Antonio Monago, destacó la "trayectoria brillante" de estos dos técnicos que han desempeñado una labor "con independencia y eficacia para los gobiernos locales de UCD, PSOE y PP".

LA OPOSICION Sin embargo, los grupos de la oposición exigieron responsabilidades políticas. El concejal del PSOE, José Ramón Suárez, manifestó que la querella pone de manifiesto "que el ayuntamiento hizo dejación de sus funciones a la hora de defender su propiedad" y "hubo una actuación negligente por parte del equipo de gobierno". Respecto a los técnicos, apuntó que "no soy quien para enjuiciar la actuación de los técnicos. La postura del PSOE es de no agresión".

Suárez, que pidió que se deje a la justicia actuar, se refirió a la reacción del alcalde, al que recordó que "no hay que poner la mano en el fuego ni en esto ni en nada, lo que tenía que poner es orden en el ayuntamiento, y lo tenía que haber hecho desde 1995 porque si hubiera abanderado la defensa de los terrenos aquí no había caso alguno".

Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Sosa, mantuvo que su grupo no tiene nada que decir sobre un asunto que está en manos del poder judicial y declaró que "IU no se siente vinculada a lo que vaya a ocurrir", porque advirtió que la querella es susceptible de ser ampliada, por lo que intuye, según dijo, "que habrá más imputados, estoy convencido de que hay más cosas que no han salido y que acabarán saliendo".

Sosa aseguró que "el alcalde es el responsable político de lo que está pasando", por lo que le invitó a marcharse. "Váyase todavía que puede con dignidad porque no sabemos en qué acaba esto".