Veintiún aspirantes a bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz han recurrido la tercera prueba del examen de las oposiciones para cubrir 16 plazas de conductor mecánico bombero celebrada en 2017.

Los 21 candidatos a ocupar una plaza en el CPEI, en la convocatoria ya celebrada, formalizaron su recurso con el abogado José Verdugo, que lo presentó a finales de la pasada semana ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz, según manifestó.

La demanda vía Contencioso se dirige en contra tanto de la diputación como del consorcio provincial, para solicitar «que se declare la nulidad del ejercicio, con retracción al momento anterior de su celebración, con nulidad expresa del resto de actos posteriores», explicó el abogado.

Los 21 afectados que han recurrido el tercer ejercicio de la convocatoria del CPEI, «de carácter teórico-práctico --ya se habían realizado las pruebas de los dos anteriores y le siguieron las del cuarto--», han presentado la demanda una vez finalizado el proceso de puntuación y de adjudicación de las 16 plazas, «que están pendiente solo de que se efectúe el reconocimiento médico, que será de forma inminente, para que puedan tomar posesión», afirmó José Verdugo.

Así mismo, la demanda presentada se basa en «varias --presuntas-- irregularidades detectadas en la realización de esta prueba, de distinta índole», señaló el abogado, como «desde que los materiales utilizados en la misma eran solo de uso de bomberos y no de un civil aspirante, a los criterios de corrección, que no se habían definido de forma previa al examen y posteriormente tampoco se ha hecho conforme a ley».

Indicó. además el letrado de los demandantes que «se basa también en que la realización de la prueba se efectuó sin fedatario público, sin el secretario del tribunal calificador».

También denuncian que «algunos opositores han tenido más preguntas que otros, preguntas de dudoso entendimiento y que sobre la marcha, los que llegaron después no las tuvieron, perjudicando así a los primeros».

Otro aspecto en que se basa el recurso es que «el tribunal calificador estaba compuesto no solo por miembros del tribunal como tal, sino por colaboradores que a día de hoy no han sido identificados».

A los puntos indicados, Verdugo añadió que «el principio de confidencialidad fue vulnerado, porque durante el desarrollo de la prueba no se adoptaron medidas de seguridad para evitar la entrada y salida de personas ajenas al proceso de las aulas donde se desarrollaban las pruebas».

LA DIPUTACIÓN, A LA ESPERA / Puestos en contacto con la Diputación de Badajoz para conocer su versión y valoración sobre el citado recurso, a través del gabinete de comunicación señaló que no se tiene constancia oficial, ni conocimiento de que se haya presentado el recurso y que se esperará a que les sea comunicado para poder estudiarlo y pronunciarse, en su caso, sobre el mismo.

Sí se señaló desde la institución que ya se presentó otro recurso por el primero de los ejercicios de esta misma convocatoria, que el juzgado rechazó, de lo que hace ya varios meses.

Dicho recurso lo presentó en nombre de dos demandantes el mismo abogado que lleva el actual en representación de 21 opositores. «Lo llevé yo y el juzgado lo inadmitió porque decía que no era momento, que había que esperar a que salieran las calificaciones, que entonces no habían salido», dijo José Verdugo. Y explicó que «fue porque había opositores que vulneraron las reglas del ejercicio de la oposición, pues se prohibía expresamente hacer tachaduras y se aceptaron ejercicios con tachados sin que se les sancionase, mientras a que a otros, por una tachadura se les anularon». Por eso, una vez concluido el proceso de calificación, «volveremos a presentarlo», añadió.

OTROS PROCESOS / Por otro lado, en fechas pasadas, CCOO, CSIF, SIP y Usicaex indicaron en un comunicado que se desmarcaban de posibles irregularidades denunciadas en otros procesos selectivos de la diputación, por otras entidades. Pedían responsabilidad para «no dar una imagen distorsionada que dañe la institución y a los trabajadores». Exigían «que no use nuestra condición de observadores para responsabilizarnos de actuaciones que no son nuestras, ni se nos presente como garantes de la limpieza de estos procesos, que escapa a nuestras posibilidades».