En unos días, la Diputación de Badajoz informará por carta a 70 pueblos de la provincia de que albergan algún vestigio de la Guerra Civil española o de la dictadura franquista, que deben retirar en un plazo de tres meses, aproximadamente, y cumplir así con la Ley de Memoria Histórica, un requisito para acceder a las subvenciones y ayudas de la institución, que figura en las bases de todas sus convocatorias, manifestó ayer su presidente, Miguel Ángel Gallardo. Su propio pueblo, Villanueva de la Serena, alberga algún nombre de calle y de estadio de fútbol, que, dijo, «no me molestan porque no son personas relacionadas con la contienda», pero así y todo, «se retirarán».

También destacó que hay 95 municipios libres de vestigios, que recibirán un certificado que les garantiza el acceso a las ayudas de la institución. Cabe recordar que aquellos que no cumplan con la Ley deberán devolver las partidas cobradas.

Señaló Gallardo que ha sido una comisión de expertos la que ha realizado el recuento, valorando si son restos de eliminación obligatoria, o no, y que se atenderán las alegaciones que puedan presentarse, en caso de duda.

La diputación pedirá a los ayuntamientos responsabilidad en cuanto sea de su competencia, «no sobre vienes privados», como el caso de la iglesia católica, que mantiene numerosos restos aún. El presidente dijo que se entrevistará con el arzobispo para tratar sobre este asunto, «para que los eliminen o si quieren, lo hacemos nosotros».

Destacó el trabajo de la comisión de expertos, que «no han buscado el fundamentalismo de la ley, sino su aplicación correcta», y que «han respetado los sentimientos de personas de ideologías distintas, lo que los ennoblece». Además, aseguró que a mediados del 2018 Badajoz «será una provincia libre de vestigios en sus calles y plazas salvo que algún ayuntamiento quiera mantenerlos y perder las subvenciones de la corporación provincial».

Una vez recibidas las cartas, los alcaldes tendrán 10 días para alegar y después deberán eliminar los vestigios.