La junta de gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Badajoz mostró ayer su rechazo al acuerdo del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) por el que se atribuye la competencia de toda la provincia de Badajoz en los litigios sobre cláusulas de suelo y reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas a un único juzgado, en este caso al de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida.
Los abogados, a través de un comunicado, alertaron sobre su temor de que esta medida provoque «un colapso» que ralentice las resoluciones judiciales y genere un «efecto disuasorio» a los ciudadanos, debido al coste económico y de tiempo que supondría para los demandantes. El Colegio Oficial de Abogados añade que con esta decisión se pretende «hacer general» una norma prevista para una excepción, argumentando «una supuesta especializacion» que, sin embargo, a su juicio, se deja en manos de «jueces noveles» y obvia al principio «esencial» de proximidad de la justicia al ciudadano, «un elemento clave para la seguridad jurídica», según defendió.
Asimismo, en el comunicado, recordó que en el pleno de la Abogacía Española ya se mostró «de forma unánime» la disconformidad con este plan de urgencia que pretendía aprobar el Consejo General del Poder Judicial.
