El juicio contra J. C. S. S., extrabajador de Aprosuba de Olivenza, comenzó ayer con la declaración del acusado de 26 delitos contra la intimidad, en los que se vieron afectadas 23 trabajadoras de dicho centro de discapacidad mental, donde ejerció 15 años en labores administrativas. El inculpado, según el relato de los hechos que figura en las conclusiones provisionales de la Fiscalía, ocultó tres microcámaras en los aseos para grabar a sus compañeras en situaciones íntimas, «desnudas o semidesnudas». El acusado admitió ayer los hechos de los que se le acusa y respondió, a preguntas de la fiscal, que «era una conducta irrefrenable», que «fue degenerando y no imaginaba que llegaría a eso».

La vista oral comenzó como audiencia pública pero a petición de la fiscal y los cuatro letrados de la acusación -Manuel Villalón, María Zahínos, José Tomás Michoa y Antonio Romero-, el juez determinó que a partir de que hubiera preguntas que requiriesen el visionado de vídeos de las grabaciones, se continuaría a puerta cerrada, como así ocurrió; con la oposición de la defensa -Alfredo Pereira- que estimó que una vez se declara audiencia pública debía seguir a puerta abierta.

El acusado, cuando la fiscal le preguntó si colocó cámaras en los aseos, respondió «Sí, sí, en los baños de personal». Contó que luego recogía los vídeos en su portátil y que los editaba en el ordenador de su puesto de trabajo. Sobre el tiempo que realizó estas prácticas, dijo que «un año y medio», y «también en el ámbito familiar, con la misma finalidad».

Aseguró que no difundió ninguna imagen y que ponía claves «alfanuméricas de 14 caracteres para que nadie pudiera abrirlas», en referencia a las carpetas que clasificaba con nombres de las compañeras. Dijo que «como administrativo, lo clasifico todo».

Aclaró que «nunca ponía las cámaras si no estaba yo en el centro» y que controlaba el acceso de hombres y mujeres. Cuando desde la acusación se le preguntó por imágenes de hombres masturbándose, afirmó que «eran ajenas al caso, de uso particular de mi mujer y mías; no siga por ahí porque no le voy a contestar».

Además, señaló que nunca grabó a la directora del centro, que cuando descubrieron las cámaras «dijeron que mejor lo solucionamos aquí» y cuando llegó la Guardia Civil facilitó el acceso a los documentos y entregó voluntariamente otra cámara.

Así mismo, cuando se le preguntó si se puso en tratamiento, respondió que «sí, posteriormente», y que «no era consciente de la gravedad de la situación; si no, habría pedido ayuda antes».

También explicó que «sí hablé con algunos familiares de mis compañeras para disculparme, por teléfono». Y que ahora no trabaja «por el escarnio público al que me veo sometido», que se le acabó el paro, que cobra un subsidio y prepara oposiciones.

La fiscal solicita para él 3 años, 7 meses y 15 días de prisión; las acusaciones piden entre 3 y 7,5 años y la defensa señaló que asumen los hechos, pero hay al menos tres atenuantes: colaboración desde el principio, reparación del daño por responsabilidad civil de forma voluntaria y su situación mental, para reducir la pena a menos de 2 años.